La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga este miércoles a las empresarias María Isabel Bruño y Blanca Rosa Bruño por pagar 6.000 euros a ETA en concepto de “impuesto revolucionario”.

La Fiscalía, que pide que se les condene a cinco años de prisión y al pago de una multa de 27.000 euros, explica en su escrito de conclusiones provisionales que ambas, presidenta y vicepresidenta de la empresa Andrés Bruño e Hijos, recibieron en el año 2003 una carta de la organización terrorista en la que se les reclamaba el pago de 120.000 euros.

Las dos hermanas respondieron a ETA con otra misiva en la que pedían una rebaja en el pago. La banda contesta a su vez con una carta de agradecimiento en la que pone de manifiesto que las acusadas “han entregado voluntariamente a la organización 6.000 euros”, explica el escrito de Fiscalía.

Esta última misiva fue localizada en el registro practicado en Burdeos de la vivienda que ocupaba Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”. El Ministerio Público acusa a ambas de la comisión de un delito de colaboración con organización terrorista.