CCOO y UGT constituyen las dos mayores organizaciones sindicales de España. Su función es representar y defender a los trabajadores, pero su dimensión económica, sus estructuras territoriales, sus fundaciones y su financiación pública plantean una pregunta legítima: ¿cuál es el patrimonio real de estas organizaciones y cuánto dinero reciben de las administraciones públicas?

Con los datos conocidos se puede empezar a poner cifras a esta cuestión.

Según los números publicados por La Gaceta en diciembre de 2024, UGT dispone de 32 edificios del Patrimonio Sindical Acumulado, con una superficie aproximada de 66.298 metros cuadrados, mientras que CCOO utiliza otros 20 inmuebles con 45.180 metros cuadrados. En conjunto son 52 edificios y 111.478 metros cuadrados. En esos 52 edificios una vez cambiado su uso podrían construirse más de 1.480 viviendas de 75 M2 construidos con salones comedor, cocina integrada, dos dormitorios, baño completo y aseo.

Es importante precisar que estos inmuebles dicen ser propiedad del Estado, muchos de ellos proceden de los sindicatos verticales del anterior régimen y están cedidos en uso a las organizaciones sindicales. No forman parte de su patrimonio privado. Sin embargo, esta relación de edificios tampoco permite conocer la totalidad de sus propiedades inmobiliarias.

Quedan por identificar los inmuebles inscritos a nombre de las confederaciones, federaciones territoriales y sectoriales, fundaciones, asociaciones y sociedades vinculadas. Es necesario consultar el Registro de la Propiedad, el Registro Mercantil y las cuentas anuales de estas entidades para determinar su titularidad y superficie.

En materia de financiación pública, las cifras también son significativas. Ojo al dato. En 2021, CCOO recibió aproximadamente 5,28 millones de euros y UGT 4,70 millones en la subvención estatal por actividad sindical. En 2023, las cantidades fueron 6,407 y 5,811 millones, respectivamente. En 2024 ascendieron a 6,591 y 6,107 millones. En 2025 alcanzaron 12,208 millones para CCOO y 11,426 millones para UGT.

Solo en esta línea concreta de subvenciones, ambas organizaciones recibieron conjuntamente 9,98 millones en 2021, 12,22 millones en 2023, 12,70 millones en 2024 y 23,63 millones en 2025. Hagamos la conversión y resulta que 23,63 millones de euros ascienden a 3.971 millones de las antiguas pesetas.

Estas cantidades no incluyen todas las ayudas públicas. Hay que añadir las subvenciones de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, así como las concedidas por otros organismos estatales y las destinadas a formación, empleo, cooperación y prevención de riesgos laborales.

La Base de Datos Nacional de Subvenciones permite identificar también ayudas concedidas a entidades vinculadas. Una recopilación basada en sus registros identifica 27 entidades relacionadas con CCOO y 20 con UGT entre las beneficiarias del periodo 2022-2026. Entre ellas aparecen federaciones, fundaciones e institutos. Por tanto, limitar el análisis a los dos NIF de las confederaciones centrales deja fuera una parte importante de la actividad económica vinculada a ambas organizaciones.

Las cuentas de las confederaciones también ofrecen información concreta. En 2024, CCOO declaró aproximadamente 23,3 millones de euros de ingresos, de los cuales 8,2 millones procedían de subvenciones y programas públicos. Registró un resultado positivo cercano a 4,5 millones y unos gastos de personal de aproximadamente 9 millones.

En el caso de UGT, su presupuesto de 2024 recogía 21,917 millones de euros de ingresos ordinarios y 16,218 millones de gastos ordinarios. Entre sus ingresos figuraban 9,369 millones de cuotas de afiliación, 7,148 millones de subvenciones para actividad sindical y 1,715 millones por participación en empresas. Sus gastos de personal ascendían a 5,238 millones. Además, contabilizaba 13,155 millones de ingresos correspondientes a programas finalistas, que deben analizarse separadamente. Estas cifras dan para unas buenas mariscadas cada cierto tiempo.

Hay que insistir en que estas cifras corresponden a las confederaciones estatales y no al conjunto de sus organizaciones territoriales, fundaciones y sociedades.

El periodo 2021-2025 merece una auditoría documental completa. La información pública consultable no permite presentar todavía concretar una cifra consolidada y homogénea de todas las subvenciones concedidas a ambas organizaciones y a sus entidades vinculadas durante esos cinco años. Para hacerlo habría que cruzar los registros de todas las administraciones, identificar cada beneficiario por su NIF y distinguir entre concesiones, pagos efectivos y transferencias internas.

Tampoco se puede conocer todavía, con los datos reunidos, el valor total de sus propiedades inmobiliarias privadas ni su patrimonio neto consolidado.

Y ahí está precisamente el problema de transparencia que merece atención pública.

Los trabajadores tienen derecho a saber qué recursos económicos manejan las organizaciones que dicen representarlos. Es razonable exigir un inventario de sus inmuebles, sus titulares registrales, los balances de sus fundaciones y sociedades, sus ingresos, sus gastos, las subvenciones recibidas y las remuneraciones de sus responsables.

No se trata de cuestionar el papel constitucional de los sindicatos ni de afirmar que recibir subvenciones sea irregular. Se trata de exigir que el dinero público y el patrimonio relacionado con organizaciones de representación social puedan conocerse con claridad.

Mientras miles de trabajadores tienen dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o mantener su poder adquisitivo, resulta legítimo preguntar cuánto patrimonio acumulan las grandes estructuras sindicales y qué resultados concretos obtienen para quienes representan.

¿Cuántos metros cuadrados poseen realmente CCOO y UGT entre sus confederaciones, federaciones, fundaciones y sociedades? ¿Cuál es el valor de ese patrimonio? ¿Cuánto dinero público reciben en total cada año? ¿Y qué proporción de sus recursos se destina directamente a la defensa de los trabajadores?

La transparencia no debería ser una opción, sino una exigencia.

Porque los sindicatos nacieron para defender a los trabajadores, no para que el crecimiento de sus estructuras económicas termine convirtiéndose en su principal preocupación. Lo dicho: Sindicatos ricos y obreros pobres. Y encima convocan una huelga general…