José Manuel Otero Lastres.– Ustedes saben que el artículo 97 de la Constitución dice que “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Y saben también que el artículo 149 de nuestra Ley de Leyes prevé como parte de las competencias del Estado, entre otras las siguientes:

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
5.ª Administración de Justicia.
7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

En cambio, La expresión «oposición política» no aparece literalmente en la Constitución española. No aparecer significa que no hay ni una mención de la OPOSICIÓN POLÍTICA. La Constitución sí reconoce principios relacionados, como el pluralismo político (art. 1.1) y los partidos políticos (art. 6), pero no menciona a «la oposición» como tal.

Si uno tuviera una inteligencia normal, sabría que es difícil hacer una huelga general contra la parte política que no tiene ninguna competencia en la legislación general del Estado.

Lo curioso es que los sindicatos generalistas también han decidido apoyar la huelga general. En efecto, el artículo 7 de la Constitución dice “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

¿Tiene sentido organizar una huelga organizada contra la parte política que no tiene competencia sobre las cuestiones estatales? ¿Los sindicatos de trabajadores haciendo una huelga política contra la OPOSICIÓN POLÍTICA están contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios?

Creo que carece de sentido la huelga y también el apoyo de los sindicatos. Y es que las huelgas “puramente políticas” están prohibidas.