Hay decisiones que retratan a quienes las toman. La convocatoria de una huelga general por parte de UGT, CCOO y otras organizaciones es un contradiós. Resulta llamativo que dos sindicatos que llevan ocho años sin convocar una huelga general contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidan ahora movilizar al país, precisamente cuando se acercan las elecciones generales.

La convocatoria de mañana, apenas dos días antes del comienzo de la campaña electoral, se presenta como una protesta por los bajos salarios y el problema de la vivienda. Incluso se ha llegado a hablar de una ‘huelga preventiva’.

Hablar de salarios sin poner sobre la mesa la presión fiscal es contar solo una parte de la historia. Los trabajadores han visto cómo las subidas salariales de los últimos años han sido absorbidas por la inflación y por una fiscalidad creciente. La negativa del Gobierno a deflactar el IRPF ha provocado que muchos contribuyentes paguen más impuestos incluso cuando sus ingresos nominales apenas han aumentado para compensar el encarecimiento de la vida. La vivienda es el otro gran argumento de esta movilización, cuando las medidas intervencionistas de los últimos años han contribuido a reducir la oferta de alquiler. Tampoco se ha liberado suelo ni se ha construido lo suficiente para responder a una demanda que ha crecido de manera extraordinaria, debido también al aumento de la población.

Y mientras tanto, el Gobierno jalea la huelga como si no fuera con él. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no solo ha animado a secundarla, sino que ha manifestado que le gustaría formar parte de un piquete. Los sindicatos tienen todo el derecho a convocar huelgas y defender sus reivindicaciones. Pero también tienen la obligación de explicar, y no lo han hecho, por qué han permanecido durante años callados y sin recurrir a una medida de semejante alcance. La credibilidad de las organizaciones sindicales depende de su independencia del poder político y de su capacidad para financiarse con el dinero de sus afiliados. USO, CSIF y otros se han desmarcado de esta huelga precisamente porque no viven al calor del gobierno de turno ni se mueven al toque de corneta. Se puede y se debe defender a los trabajadores. Lo que no es de recibo es utilizar el malestar social como escenario de una batalla política desde el sindicalismo.