La sola posibilidad de que la final del Mundial de 2030 se dispute en Marruecos constituye una afrenta al prestigio deportivo e institucional de España. No hablamos de un partido cualquiera, sino del encuentro que simboliza la culminación del mayor acontecimiento deportivo del planeta. Que España, uno de los tres países organizadores europeos y una de las grandes potencias históricas del fútbol, quede relegada mientras la final viaja al otro lado del Estrecho supondría una humillación difícil de justificar.

Cuando se presentó la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, muchos españoles entendieron que nuestro país, por historia futbolística, infraestructuras, capacidad organizativa y tradición, era el escenario natural para albergar la final. España ha organizado con éxito un Mundial, una Eurocopa, finales de competiciones internacionales y dispone de estadios perfectamente preparados para un evento de esta magnitud.

Sin embargo, el silencio del Gobierno de Pedro Sánchez resulta tan llamativo como preocupante. Hasta el momento, no se ha escuchado una sola voz del Ejecutivo defendiendo públicamente que la final del Mundial deba disputarse en España o rechazando la posibilidad de que termine celebrándose en Marruecos. Esa ausencia de una posición firme transmite una imagen de resignación impropia de un Gobierno que debería velar por los intereses nacionales.

Resulta difícil no interpretar esta pasividad dentro del contexto de la política mantenida por Sánchez hacia Marruecos en los últimos años. Da la impresión de que cualquier decisión que beneficie a Rabat encuentra la comprensión o, al menos, la ausencia de oposición por parte del Ejecutivo español, incluso cuando muchos ciudadanos consideran que los intereses de España quedan en un segundo plano.

Si finalmente la FIFA decidiera conceder la final a Marruecos, un Gobierno decidido a defender el prestigio de España debería plantearse seriamente si tiene sentido continuar formando parte de una organización del Mundial que relega al país que muchos consideran el principal anfitrión europeo. Permanecer aceptando una decisión de ese calibre equivaldría, para quienes sostienen esta posición, a asumir una pérdida de relevancia internacional sin ofrecer la más mínima resistencia.

Por supuesto, una decisión de abandonar la organización sería extraordinaria y tendría importantes consecuencias deportivas, económicas y diplomáticas. Pero precisamente por ello serviría para enviar un mensaje claro: España no puede aceptar cualquier trato cuando está en juego su prestigio internacional.

Lamentablemente, pocos esperan una reacción semejante del actual Gobierno. La trayectoria de Pedro Sánchez en la relación con Marruecos hace pensar que, si la final acaba celebrándose allí, el Ejecutivo asumirá la decisión sin cuestionarla y tratará de presentarla como un éxito de la candidatura conjunta.

España merece un Gobierno dispuesto a defender su posición en los grandes foros internacionales, también en el deporte, y a exigir que un Mundial organizado en gran parte en territorio español tenga su broche de oro donde muchos consideran que corresponde: en un estadio español.