La «Tierra Quemada» sanchista consiste en el saqueo del futuro de España para proteger el presente de quienes gobiernan.

Es lo que está haciendo Pedro Sánchez, consciente de que el gobierno ya se le escapa de las manos.

La Tierra Quemada es perversa. Consiste en gobernar mal, despilfarrar, endeudar al país, deteriorar sus instituciones y, cuando se acerca la hora de abandonar el poder, dejar preparado un escenario de ruina para que el siguiente gobierno tenga las manos atadas.

Esa es la política de tierra quemada que el socialismo español parece haber convertido en una tradición cada vez que pierde el poder. Ocurrió en 1996, volvió a ocurrir en 2011 con Zapatero y Pedro Sánchez pretende repetir ahora la misma operación, pero con una gravedad añadida: dejar al próximo gobierno de derecha una herencia económica, institucional y social envenenada, acompañada de una maquinaria política dispuesta a obstaculizar cualquier intento de reconstrucción.

El procedimiento es conocido: gastar sin responsabilidad, disparar la deuda, comprometer recursos públicos, multiplicar los organismos y las estructuras clientelares, elevar la presión fiscal y trasladar las facturas a los ciudadanos y a las generaciones venideras.

Después, cuando llega la derrota, los responsables se marchan, pero las consecuencias se quedan.

El próximo gobierno tendrá que enfrentarse a unas cuentas públicas deterioradas, a compromisos financieros difíciles de satisfacer, a una administración politizada, a servicios básicos degradados, a unos transportes dañados y sin mantener y a una sociedad castigada por años de mala gestión.

Esta conducta revela una concepción profundamente inmoral del poder, la de considerar que España pertenece al partido que gobierna y que el Estado puede utilizarse como patrimonio particular, incluso cuando se aproxima la hora de abandonarlo.

No basta con dejar una herencia económica complicada; lo peor es dejar también una sociedad enfrentada, unas instituciones debilitadas y una opinión pública manipulada para que el sucesor fracase.

Es una forma de intentar gobernar desde la oposición antes incluso de haber abandonado el Gobierno, una estrategia de asfixia destinada a impedir que la alternativa política pueda demostrar que existe otra manera de administrar España.

Si esta tierra quemada se consuma, estaremos ante una irresponsabilidad de dimensiones nacionales.

Por eso, cuando Sánchez abandone el poder, el nuevo Parlamento debería constituir una comisión de investigación rigurosa, independiente y documentada para examinar la gestión económica, el endeudamiento, el destino de los recursos públicos, los compromisos adquiridos y las decisiones que hayan podido perjudicar deliberadamente al Estado.

Y, cuando aparezcan indicios de ilegalidad, deberán remitirse a la Justicia para exigir las responsabilidades correspondientes.

En democracia, los gobernantes no pueden disfrutar de impunidad política mientras los ciudadanos pagan durante décadas sus errores, sus abusos y sus despilfarros.

Quien administra el dinero de todos tiene la obligación de responder por él.

España no puede aceptar que cada alternancia política se convierta en una operación de demolición del país para hacerle imposible la vida al sucesor.

Gobernar no consiste en preparar la ruina del adversario, sino en servir a la nación. Y quien utiliza el poder para destruir las posibilidades de recuperación de España demuestra una maldad casi infinita que exige un castigo ejemplar.