Wanjiru Njoya.- Como señaló Lew Rockwell, Murray Rothbard sentía una gran pasión por la persuasión pública. Le interesaba no solo la economía sólida, sino también asegurar que el público en general fuera consciente de la vital importancia del mercado y de las terribles consecuencias del estatismo. Con ese fin, Rothbard argumentó con vehemencia contra el igualitarismo, la ideología que subyace a tantos programas de bienestar estatal. Más de 50 años después de la publicación de su famoso ensayo «El igualitarismo como una revuelta contra la naturaleza», cabe preguntarse por qué persiste el igualitarismo.

Rothbard observó que «los americanos se consideran un pueblo ‘práctico’», más interesado en determinar si los programas de bienestar social serán rentables que en debatir la ideología subyacente. Este pragmatismo ha llevado a muchos a suponer que si los americanos conocieran el costo exorbitante de las intervenciones estatales que generan muy pocos beneficios prácticos, y que en algunos casos incluso empeoran las cosas, eso debería ser suficiente para que se opongan a los programas derrochadores que supuestamente son necesarios para erradicar la desigualdad.

Esa expectativa quedó demostrada como totalmente errónea por los sucesos de Minnesota, donde un grupo de inmigrantes, en su mayoría somalíes, perpetraron un descarado fraude al sistema de asistencia social por un valor superior a los 9.000 millones de dólares. La objeción, incluso ahora, no radica en que Minnesota haya gastado 9.000 millones de dólares en guarderías, programas de alimentación y programas de apoyo para inmigrantes sin hogar y con discapacidad intelectual, sino en el hecho de que hasta la mitad de las solicitudes de asistencia social resultaron ser fraudulentas: —«aproximadamente la mitad de los 18.000 millones de dólares en fondos federales totales destinados a los servicios gestionados por Minnesota desde 2018».

Una tendencia similar se observa en los sectores privado y sin fines de lucro. Por ejemplo, las aseguradoras informaron que los disturbios de Black Lives Matter —que describieron como «en su mayoría pacíficos»— le costaron a la industria hasta dos mil millones de dólares en reclamaciones. Otro ejemplo es el reciente escándalo que involucra al SPLC, una organización contra la pobreza que actualmente cuenta con 732 millones de dólares en fondos de dotación y que colaboró ​​estrechamente con el FBI y la administración Biden para erradicar el «odio» de la sociedad.

Se podrían citar muchos más ejemplos de programas igualitarios de millones de dólares salpicados por escándalos. En estos casos, la mayoría de los observadores no se oponían a los programas de bienestar en sí, basándose en un análisis de costes y beneficios. Estos programas solo fueron objeto de críticas públicas cuando se sacaron a la luz casos de fraude o corrupción; la indignación se debió en gran medida a esa corrupción, no al programa de bienestar en sí.

En el caso del SPLC, la mayor parte de la indignación surgió al revelarse que gastaron millones de dólares pagando a informantes anónimos para fabricar acusaciones de racismo. Muy pocos críticos cuestionaron el principio de que un supuesto «centro de asistencia legal para la pobreza» deba dedicarse, de forma orwelliana, a ayudar al Estado a erradicar el «odio» de la sociedad. Si bien su colaboración con los republicanos no ha sido tan extensa como la que mantuvieron con la administración Biden, el SPLC ha tenido vínculos previos de intercambio de información y establecimiento de prioridades tanto con demócratas como con republicanos. Por ejemplo, el FBI colaboró ​​con el SPLC en la «Iniciativa de Casos Sin Resolver de la Era de los Derechos Civiles» durante la administración Bush. En los procedimientos judiciales relacionados con el reciente escándalo, parte de la defensa del SPLC radica en su colaboración con las fuerzas del orden.

Según los documentos judiciales, durante la reunión los abogados mostraron a los fiscales pruebas de que la labor de un informante del SPLC ayudó al Departamento de Justicia, durante el primer mandato del presidente Trump, a conseguir una condena de seis meses de prisión para un miembro de [un grupo supremacista blanco].

Lejos de que se cuestione la premisa de estos programas contra la pobreza, estos suelen contar con el apoyo de todos los partidos y con generosas donaciones del sector empresarial. El ideal de la igualdad, y la perspectiva de erradicar la desigualdad entre los grupos favorecidos y los desfavorecidos, es ahora una herramienta propagandística profundamente arraigada y cada vez más poderosa. Eso explica por qué, hasta ahora, ha resultado imposible desbancar ese ideal poniendo de relieve los costes que acarrean unos programas derrochadores tras otros.

Por eso Rothbard sostenía que es necesario plantear un desafío moral y ético al igualitarismo. No basta con esperar que la gente acabe por abandonar sus quimeras igualitarias cuando vea con qué descaro se malgasta el dinero de sus impuestos. Sostenía que se debe exigir a los igualitarios que defiendan sus juicios de valor, en lugar de darlos por sentados:

…no basta con que un intelectual o un investigador en ciencias sociales proclame sus juicios de valor: estos juicios deben ser defendibles desde el punto de vista racional y deben poder demostrarse para que sean válidos, convincentes y correctos; en resumen, ya no deben considerarse por encima de la crítica intelectual. (énfasis añadido)

Ese reto no se ha abordado lo suficiente. En el discurso público, los progresistas dan por tan obvio que deben aspirar a reducir la desigualdad que, cuando se les pide que justifiquen su postura, responden con una perplejidad fingida. Una lectura detenida del Oxford Handbook of Economic Inequality revelará que muchos economistas siguen dando por sentado que una parte importante de su trabajo consiste en medir la desigualdad con el fin de reducirla o erradicarla. No hacen ningún intento por cuestionar o justificar esa premisa. En cambio, su análisis se limita a la magnitud de las disparidades, a la mejor forma de medir las brechas y a la mejor manera de igualar a los diferentes grupos.

Rothbard criticó a los progresistas por tratar la proclamación de sus valores como «tablillas impuestas desde arriba que no están sujetas a crítica ni evaluación intelectual». Pero la situación es aún peor: se ha vuelto habitual tratar los valores igualitarios como meras afirmaciones de hechos.

Los científicos sociales que consideran que su disciplina está exenta de valores no dedican, por definición, su atención a cuestionar los valores igualitarios ni ningún otro tipo de valores. Creen que se dedican a una ciencia exenta de valores, así que ¿por qué iban a entrar en debates sobre valores? Muchos de ellos no consideran que abordar la desigualdad sea una proclamación de valores igualitarios. Insisten en que es simplemente un hecho que la desigualdad excesiva es un mal; lo ven como el mismo tipo de afirmación de un hecho que decir que el hombre debe comer para vivir. Se han acostumbrado a considerar el igualitarismo como algo inherente a la naturaleza humana; considerarían que pedirles que justificaran el igualitarismo equivaldría a pedirles que justificaran la realidad misma.

Debido en gran parte a la erosión del razonamiento general y la lógica a lo largo de varias décadas de deterioro educativo, hoy en día apenas se comprende qué significa realmente calificar algo de «hecho». Se dice que vivimos en un mundo posverdad. Nada es verdad o, mejor dicho, cada uno de nosotros puede tener su propia «verdad» preferida.

La insistencia de Rothbard en que debemos cuestionar si los juicios de valor son, en cierto sentido, válidos, significativos, convincentes y verdaderos, o si son válidos, convincentes y correctos, provocaría, por lo tanto, consternación. Si nada es verdad, o si algo lo es si uno prefiere que así sea, entonces la búsqueda de la verdad carece de sentido. Para muchos intelectuales, «su verdad» es que la desigualdad es mala y, por consiguiente, debe erradicarse.

Además, no se puede estar libre de valores sin reconocer, en primer lugar, qué constituye un juicio de valor. Tampoco se puede «distinguir los hechos de los juicios de valor» si uno ni siquiera sabe o le importa qué es un hecho. Dicho de otro modo, si uno declara que sus valores son «hechos», puede expresar sus valores al tiempo que afirma estar libre de valores y que simplemente está ofreciendo una exposición de los hechos: «es un hecho que la desigualdad es perjudicial para la sociedad».

Lo que Rothbard describió como «sinceridad» al revelar los propios juicios de valor solo es sincero si quien lo expresa considera que dicha revelación se refiere a sus juicios de valor. Sin embargo, en muchos casos, pedir a los progresistas que justifiquen sus valores igualitarios es interpretado por ellos como una exigencia de que demuestren la existencia de la desigualdad.

Esto explica por qué tantos intentos de pedir a los progresistas que justifiquen sus premisas igualitarias se topan con la réplica de que «es un hecho que la desigualdad existe». Por ejemplo, el trabajo realizado por Walter E. Williams para demostrar que la discriminación no explica los resultados económicos fue ignorado en gran medida con el argumento de que, mientras exista la desigualdad, hay que intentar reducir las brechas en el rendimiento.

La ideología igualitaria persiste, por tanto, en el discurso público. Al cuestionar la propia premisa igualitaria, en lugar de preocuparnos por los aspectos prácticos de sacar a la luz una estafa tras otra en materia de prestaciones sociales, hacemos caso al llamamiento de Rockwell de «difundir la verdad de forma más amplia».

*Wanjiru Njoya es académica residente del Instituto Mises. Es autora de Libertad económica y justicia social (Palgrave Macmillan, 2021).