EB.- Sé de sobra que lo entretenido es lo del conductor del Peugeot andaluz y que ese póker de justiciables en torno a Sánchez da tanto juego como las joyas o las putas, pero lo cierto es que ni las joyas son lo más importante en el caso Zapatero ni las putas en los tejemanejes de Ábalos ni el conductor –o no, porque hasta estas cosas se desmienten– tampoco es lo más importante de la operación que ayer se llevó a cabo por orden del juez Ismael Moreno, de forma simultánea en varias ciudades y con varios detenidos que quedaron en libertad y deberán comparecer a llamamiento judicial. A mí lo más interesante de todo, lo que me gustaría saber, es por qué se reventó ayer la operación, justo al día siguiente de la designación de Carlos Cuerpo para hacerse cargo de la cartera de Transportes y también justo al día siguiente de la destitución del presidente de Adif.

Podría ser todo mera casualidad, no sabría decirles dado que todo está bajo secreto sumarial, pero no hay que dejar de contemplar que se abre una pieza separada nueva y secreta, con Adif Alta Velocidad en el foco, tras el accidente y se revienta una operación para recopilar la documentación justo al día siguiente de los cambios en Adif. Podríamos estar perfectamente ante la preservación de prueba antes de que pudiera alterarse cualquier cosa.

Parece que la nueva pieza se habría abierto en relación con nuevos contratos amañados en la alta velocidad y que se estarían investigando delitos de tráfico de influencias, integración en organización criminal y blanqueo de capitales. Nuevos contratos y documentos que no son los que ya recabó en junio de 2025 el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, ni los que volvieron a reclamar seis días más tarde, ni los que en septiembre de ese año se pidieron. ¿Qué nuevos contratos de la alta velocidad pueden estar bajo sospecha de haber sido amañados o haber servido para el cobro de comisiones? Nunca olvidemos que la corrupción lo revienta todo y que para que a una empresa le salga a cuenta cohechar, esta suele cobrárselo después de otra manera. Casos hay de baja de calidad de materiales, tardanzas u otras formas de resarcimiento.

Lo único seguro es que agentes de la UCO se personaron de buena mañana en Adif «con una solicitud de información» y, según ha dicho el administrador de las infraestructuras, se prestó total colaboración evitando así el registro. Si no lo das, te lo cogen. Eso y que existen muchas sospechas e indicios ya recabados sobre la contratación en concreto en la línea Madrid-Sevilla, la línea que ha acumulado ya 110 víctimas en dos trágicos accidentes que el exministro calificó de «inexplicables», pero que posiblemente sean más explicables de lo que a sus responsables les gustaría.

La Guardia Civil, sin duda, está investigando junto a Anticorrupción y a las órdenes de Moreno la seguridad en esa línea. No son los únicos. La Fiscalía Europea también había solicitado documentación sobre los contratos de mantenimiento en esa línea, con la vista puesta en Adamuz. Tratan de esclarecer el destino de los fondos europeos concedidos para mejorar esa infraestructura. La Comisión Europea otorgó en junio de 2024 una subvención de 111,6 millones de euros del FEDER para actuaciones en la línea Madrid-Sevilla. Los investigadores buscan determinar si pudo producirse algún fraude o desvío de esas ayudas, en el contexto de las investigaciones abiertas tras el accidente ferroviario de Adamuz.

No pasemos por alto en el análisis el rejón que Isabel Pardo de Vera, imputada en otras piezas hermanas de Ismael Moreno, dejó plantado tras el accidente de Urda: «El Gobierno no puede hablar de error humano después de lo que ha hecho con el mantenimiento y la seguridad». Y tampoco que hace poco más de un mes su abogado, un gran letrado Rodríguez-Mourullo, le hizo llegar a Anticorrupción su disposición a colaborar. Pardo de Vera dejó entrever su extrañeza porque el sistema moderno de seguridad de la línea Madrid-Sevilla, el famoso RTMS, quedó licitado en 2021 sin que haya sido puesto en marcha aún.

«El primer desastre detectado ayer [por el día del accidente] es que, pese a que ha vencido el plazo del contrato financiado con fondos europeos, aún no ha concluido la modernización del mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico de las líneas de alta velocidad» y aún fue más allá en sus declaraciones públicas recordando que esa nueva seguridad debería haber estado operativa en 2024, que se retrasó a abril de 2025 y tampoco llegó y, más aún, que el día antes del accidente de Urda el Consejo de Ministros aún aprobó una nueva modificación de contrato de las instalaciones de control de tráfico en la línea Madrid-Sevilla.

Se me ocurre que si todo esto se lo contó en abierto a Carlos Segovia, con el objetivo evidente de compartir unas dudas sospechosas, qué no ha podido contar a los hombres de Luzón. Ni yo ni nadie vamos a poder decirles más de momento. Todo llegará. Pero que en Adif hay una madeja relacionada con la corrupción y que no se puede descartar que esta haya afectado a los estándares de seguridad tanto de la vía como de las instalaciones y sistemas de seguridad es algo que está sobre la mesa.

Verán que ante eso ni el chófer del Peugeot, o de cualquier otro vehículo, ni la solícita novia del exministro encarcelado, pueden ser el centro de atención. El fondo, que la Justicia iba a seguir su camino, estaba cantado.