Estanislao de Kostka Fernández cursó las carreras de Derecho, Ciencias Políticas, Sociología. La Voz de Galicia

La dimisión de Óscar Puente no cierra la crisis ferroviaria ni despeja las responsabilidades políticas derivadas de los accidentes. Al contrario, abre un nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo sostiene el abogado, politólogo y ex dirigente del PP en Galicia, Estanislao de Kostka Fernández, quien interpreta la salida del ministro de Transportes como una decisión condicionada fundamentalmente por la presión política, social y, sobre todo, electoral.

«No ha dimitido él, le ha dimitido Tezanos», resume de Kostka Fernández, para quien la marcha de Puente no responde tanto a un ejercicio de dignidad política como a la necesidad del PSOE de evitar que la crisis ferroviaria siga erosionando sus expectativas electorales. A su juicio, el retraso de la decisión, después de varios días de negativas y tras una comparecencia parlamentaria especialmente dura, evidencia que el Gobierno reaccionó cuando mantener al ministro en el cargo se había convertido en un coste político insostenible.

Estanislao de Kostka, que es también el responsable de la asesoría jurídica de Alerta Siete, considera que los intereses electorales pesaron más que la exigencia de responsabilidades y que la dimisión llega tarde y difícilmente bastará para frenar el desgaste socialista. La permanencia de Puente tras el accidente de Adamuz y su salida después de la tragedia de Urda plantean, en su opinión, una contradicción que el Ejecutivo tendrá dificultades para explicar ante la opinión pública.

Pero las consecuencias van más allá de la salida del ministro. De Kostka advierte de que el PSOE pierde a uno de sus responsables más visibles en plena precampaña y tendrá que afrontar el desafío de impedir que la crisis se convierta en un cuestionamiento directo del liderazgo de Sánchez. «La dimisión no apaga la crisis, la traslada del ministro al presidente», sostiene.

En la entrevista también analiza cómo pueden aprovechar políticamente la situación el PP y Vox, las diferencias entre sus estrategias de oposición y el riesgo de que el PSOE sufra un castigo electoral, especialmente por la posible desmovilización de parte de su propio electorado.

Su diagnóstico es claro: la dimisión de Puente era necesaria, pero llegó tarde. Y mientras sigan sin esclarecerse las causas de los accidentes, las posibles responsabilidades y las garantías de seguridad ferroviaria, el Gobierno no podrá dar por cerrada una crisis cuya factura política, advierte, puede terminar pagando Pedro Sánchez.

¿Qué cree que hemos visto estos días: voluntad de asumir responsabilidades o supervivencia política?

La dimisión contiene, formalmente, un elemento de asunción de responsabilidad. Puente reconoció que un ministro de Transportes no podía permanecer en el cargo tras dos accidentes ferroviarios de tanta gravedad y renunció también a encabezar la lista del PSOE por Valladolid. Ese gesto evita que el Gobierno tuviera que cesarlo y permite al PSOE presentar la salida como una decisión personal y digna, aunque no lo sea

Pero, desde la óptica de este analista, el fondo es otro. No fue una dimisión preventiva, sino una dimisión forzada por las circunstancias. Puente había negado que fuera a renunciar y lo anunció solo al cierre de una comparecencia de más de cuatro horas en la Diputación Permanente del Congreso, después de recibir reproches de prácticamente todos los grupos parlamentarios y coincidiendo con la hora del telediario. Es decir, dimitió cuando la presión política, mediática y social hizo insostenible su permanencia.

La clave está en la secuencia. No dimitió el día del accidente de Urda, ni al día siguiente, ni cuando se conocieron los primeros datos de la catástrofe. Dimitió seis días después, a las puertas de la campaña electoral y cuando la crisis comenzaba a afectar directamente al PSOE. Por tanto, puede haber un componente real de responsabilidad personal, pero la decisión final responde sobre todo a un cálculo de supervivencia política del Gobierno, del partido y de la campaña electoral.

No ha dimitido él, le ha dimitido Tezanos. No se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas. Es una formulación electoral, pero expresa bien la interpretación estratégica de que el PSOE no quiso asumir, y no podía, asumir el coste político de mantener a Puente hasta el 29-N.

¿Pesaron más los intereses electorales que la exigencia de responsabilidades?

Sí. En esta decisión pesaron más los intereses electorales del PSOE que una exigencia temprana y coherente de responsabilidades políticas. La dimisión llegó a nueve días del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en un momento en que el Gobierno necesitaba reducir el daño antes de que la crisis ferroviaria se convirtiera en el eje central de la contienda.

Si la exigencia de responsabilidad hubiera sido el motor principal, la salida de Puente se habría producido de forma inmediata tras Urda o, como mínimo, tras reconocerse la magnitud del fallo de seguridad. En cambio, el ministro se mantuvo en el cargo durante varios días, negó que fuera a dimitir y solo anunció su salida tras una comparecencia especialmente dura. Esa demora debilita la idea de una dimisión por convicción y refuerza la de una dimisión por necesidad, por cálculo electoral.

Además, el precedente de Adamuz es decisivo. Puente continuó en el Ministerio después de aquel accidente, que dejó 46 muertos en enero. Si el criterio hubiera sido realmente el de la responsabilidad política, la cuestión no habría esperado a Urda. El hecho de que la dimisión llegara solo tras la segunda gran tragedia y en plena precampaña, permite sostener que el PSOE ha actuado cuando el coste electoral se hizo evidente.

Sin duda estamos ante una decisión motivada por la necesidad de proteger al partido de cara a las próximas citas electorales. No se trata tanto de que Puente haya querido irse por dignidad, sino de que Sánchez y la cúpula socialista comprendieron que su permanencia se había convertido en un lastre. Juanma Moreno expresó esa misma lectura al afirmar que Puente fue “invitado a marcharse” porque las encuestas señalaban que no podía seguir.

¿Llega a tiempo para frenar el desgaste o es una reacción tardía?

Llega tarde y, probablemente, no será suficiente para frenar el desgaste. Una dimisión inmediata tras Urda habría permitido al Gobierno transmitir, al menos, una imagen mínima de reacción institucional, empatía con las víctimas y control político. Hacerlo seis días después, tras negar públicamente la renuncia, proyecta exactamente lo contrario: improvisación, resistencia injustificada y una gestión guiada por el cálculo. Y lo más duro, sin pedir perdón o siquiera mencionar a las víctimas.

El problema no es solo el retraso, sino el relato que deja. Si Puente dimitió porque no puede estar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad, la pregunta inmediata es por qué no llegó a esa conclusión tras el primero. Esa contradicción es difícil de explicar ante la opinión pública y ofrece a la oposición un argumento muy potente ya que el Gobierno no ha aplicado un principio de responsabilidad, sino que ha reaccionado cuando la presión se volvió intolerable.

Además, la salida de Puente no resuelve las preguntas de fondo: causas técnicas del accidente, estado de la infraestructura, mantenimiento, señalización, supervisión de Adif y Renfe, y responsabilidad del Ministerio. El propio PP ha insistido en que la crisis solo se cerrará con explicaciones suficientes, responsabilidades completas y garantías de que no se repetirá. Mientras esas cuestiones sigan abiertas, la dimisión no apaga la crisis, la traslada del ministro al presidente.

Por eso, la dimisión no es el final del episodio, sino la confirmación de que había un problema político grave. La salida de Puente puede aliviar temporalmente al PSOE, pero también valida la crítica de que el Gobierno tardó demasiado en actuar.

¿Qué consecuencias tiene para la estrategia del PSOE?

La salida de Puente tiene consecuencias importantes para el PSOE, y no todas son favorables al Gobierno. Se le ha roto la estrategia electoral.

Primero, el PSOE pierde a uno de sus ministros más visibles y a un candidato con peso en Castilla y León, precisamente cuando comienza el tramo decisivo hacia el 29-N. Eso obliga al partido a reorganizar listas, mensajes y presencia territorial en plena precampaña, algo que siempre genera desorden interno y sensación de crisis.

Segundo, el PSOE intentará convertir la dimisión en un relato de “dignidad” y “responsabilidad”. Sánchez ya ha ensayado esa línea al elogiar que Puente “ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al costado”. El objetivo es presentar la salida como un acto de altura política que permite cerrar la polémica.

Tercero, y este es el punto débil, ese relato choca con los hechos. La dimisión fue tardía, llegó tras días de negativas y se produjo en un contexto de presión electoral. Por tanto, puede servir para intentar pasar página, pero solo si la oposición permite que el foco se desplace de Sánchez a Puente. El PP no debería permitirlo.

La estrategia del PSOE será probablemente la siguiente: presentar a Puente como un ministro que asumió su responsabilidad. Sustituirlo, como se hizo, rápidamente para mostrar que el Gobierno sigue funcionando. Insistir en las medidas técnicas y en la ayuda a las víctimas. E intentar que la campaña gire hacia otros temas: economía, vivienda, sanidad o confrontación con la derecha.

la oposición debe impedir ese desplazamiento manteniendo tres ideas: la dimisión fue tardía; la responsabilidad última es de Sánchez, que nombró y mantuvo a Puente; y las víctimas siguen esperando explicaciones y garantías reales de seguridad.

¿Cómo lo usarán PP y Vox?

PP y Vox utilizarán la dimisión, pero con énfasis distintos. El PP debe usarla como argumento de responsabilidad política y credibilidad de Gobierno. El mensaje no debería limitarse a “Puente ha dimitido”, sino avanzar hacia: “Puente ha dimitido porque el Gobierno tardó; la responsabilidad de nombrarlo y mantenerlo es de Sánchez”. Feijóo ya ha dado ese paso al pedir que Sánchez aplique a sí mismo el ejemplo de Puente. El PP puede articular el caso en tres planos: Primero gestión, nosotros somos buenos gestores y ellos han demostrado que no saben gestionar, lo que se demuestra dos grandes accidentes ferroviarios en menos de un año, con 116 víctimas mortales sumando Adamuz, Urda y Gélida. Segundo, responsabilidad, ya que Sánchez nombró a Ábalos primero y a Puente después y no puede esconderse tras la salida del ministro. Y, tercero, credibilidad debilitada, puesto que el Gobierno negó durante días que Puente fuera a dimitir y luego lo hizo por presión política y electoral.

Vox, en cambio, utilizará el caso de forma más agresiva y personalizada contra Sánchez. Su mensaje será más simple y confrontativo. Si el ministro dimite por los accidentes, el presidente que lo nombró y lo respaldó también debe responder políticamente. Vox puede convertirlo en un símbolo de la supuesta degradación general del Estado y de la falta de autoridad del Gobierno.

La diferencia es estratégica. El PP tiene interés en que el caso se perciba como una cuestión de competencia, seguridad y responsabilidad, con una salida electoral clara que no es otra que cambiar de Gobierno. Vox tenderá a convertirlo en un ataque frontal a Sánchez y en una movilización del voto más descontento. Ambas líneas pueden convivir, pero el PP debe cuidar que el relato no se perciba como mera explotación partidista de una tragedia. Conviene combinar la crítica política con exigencias concretas sobre investigación, seguridad ferroviaria y apoyo a las víctimas.

¿Puede pasar factura al PSOE en las urnas?

Puede pasar factura y lo va a hacer, aunque no necesariamente de forma automática. Una dimisión no decide por sí sola unas elecciones, pero esta llega en un momento especialmente delicado, a las puertas de la campaña, tras una tragedia de enorme impacto social y cuando el PSOE ya tenía señales de desmovilización de su propio electorado. El daño electoral depende de si se consigue imponer que no estamos ante un episodio aislado, sino ante la confluencia de varios elementos: dos accidentes muy graves, un ministro que permaneció en el cargo tras el primero, una dimisión tardía y un presidente que intenta protegerse tras la salida de su ministro. Y otro elemento clave: trasladar que los que gobiernan son malos gestores.

El mayor riesgo para el PSOE no es necesariamente una fuga masiva de votos hacia el PP, sino la desmovilización. Si parte del electorado de izquierdas percibe que el Gobierno ha gestionado la tragedia con criterios electorales, puede quedarse en casa el 29-N. Ese es precisamente el escenario que las informaciones sobre sondeos internos socialistas apuntan.

Para el PP, la conclusión política debe ser clara y sostenida durante toda la campaña, y no es otra que la dimisión de Puente era necesaria, pero llegó tarde. No cierra la crisis porque no responde a las preguntas sobre seguridad ferroviaria y que la responsabilidad última no es de Puente, sino de quien lo nombró y lo mantuvo: Pedro Sánchez.

El 29-N es la vía democrática para exigir esa responsabilidad. Las dimisión puede amortiguar parte del desgaste inmediato del PSOE, pero también confirma que el Gobierno reaccionó tarde y bajo presión. Si el PP logra mantener el foco en la responsabilidad de Sánchez, en la seguridad ferroviaria y en las víctimas, esta crisis puede convertirse en uno de los principales factores de desgaste del PSOE en la campaña electoral. La conclusión es clara: en política 24 horas es una eternidad.