Fernando Villena.– La manifestación celebrada ayer bajo el lema “Todos a Moncloa” ha dejado una imagen difícil de ignorar: miles de personas movilizadas en las calles para expresar su malestar político y social ante la situación que atraviesa España. Más allá de las cifras exactas — que siempre terminan siendo objeto de disputa política —, lo evidente para cualquiera que siguiera la jornada es que se trató de una convocatoria de enorme impacto ciudadano y mediático.

Sin embargo, mientras numerosos medios independientes, digitales y canales alternativos abrían portadas, retransmitían en directo y analizaban la dimensión del acontecimiento, la cobertura ofrecida por RTVE volvió a situarse en el centro de la polémica. Para una parte importante de la ciudadanía, el tratamiento informativo del ente público fue escaso, frío y claramente alejado de la relevancia que merecía un evento de semejante magnitud.

Y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿puede un medio público permitirse minimizar una movilización masiva simplemente porque resulta incómoda para el Gobierno de turno?

La crítica no debería interpretarse únicamente desde una posición partidista. El verdadero problema es de credibilidad institucional. RTVE pertenece a todos los españoles, no a un partido político ni a un gobierno concreto. Su función no es proteger la imagen del Ejecutivo, sino informar con rigor, pluralidad y proporcionalidad.

Cuando una manifestación multitudinaria recibe una cobertura limitada o secundaria en comparación con otros acontecimientos de menor impacto social, la sensación que se genera en buena parte de la población es la de manipulación o sesgo editorial. Y eso erosiona la confianza pública en los medios financiados por todos.

La pluralidad informativa no consiste en invisibilizar aquello que incomoda, sino precisamente en garantizar que todas las sensibilidades políticas y sociales tengan espacio en el debate público.

Uno de los fenómenos más llamativos de los últimos años es la creciente desconexión entre ciertos medios tradicionales y la percepción ciudadana. Mientras millones de personas consumen información a través de redes sociales, medios digitales y retransmisiones independientes, los grandes medios públicos parecen cada vez más condicionados por criterios políticos y narrativas oficiales.

La consecuencia es evidente: una parte de la ciudadanía ya no confía en que RTVE refleje fielmente lo que sucede en la calle. Y cuando esa desconfianza se instala, el problema deja de ser comunicativo para convertirse en institucional.

Muchos ciudadanos perciben que determinadas movilizaciones reciben una atención desproporcionada cuando coinciden con posiciones ideológicas afines al Gobierno, mientras que otras protestas son tratadas con evidente incomodidad o directamente relegadas a un segundo plano.

El riesgo de convertir un medio público en un instrumento político.

Todos los gobiernos, de un signo u otro, han sido acusados en algún momento de intentar influir en los medios públicos. No es un fenómeno nuevo. Pero cuando esa percepción se vuelve constante y masiva, el daño a la democracia es profundo.

Un medio público fuerte necesita independencia real, profesionales libres para ejercer el periodismo y una dirección que priorice el interés informativo por encima de la conveniencia política. Porque cuando los ciudadanos sienten que la televisión pública actúa más como aparato de comunicación gubernamental que como servicio público, lo que se deteriora no es solo la imagen de RTVE, sino la calidad democrática del país.

La manifestación de “Todos a Moncloa” no debería analizarse únicamente desde el prisma partidista. Lo verdaderamente relevante es el síntoma social que refleja: existe un sector amplio de la sociedad que siente que sus preocupaciones, críticas y movilizaciones no reciben un tratamiento equilibrado en determinados espacios mediáticos.

Y negar esa percepción o ridiculizarla solo agrava el problema.

España necesita medios públicos fuertes, sí, pero también independientes y creíbles. Necesita periodistas que informen sin miedo y ciudadanos que puedan confiar en que los hechos relevantes serán tratados con proporcionalidad, independientemente de quién gobierne.

Porque cuando un medio público parece más preocupado por proteger al poder que por reflejar la realidad, deja de cumplir su función esencial.

Y eso debería preocuparnos a todos, piensen como piensen.