La candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha comparado el trágico asesinato de los guardias civiles en Huelva con “un accidente laboral”. Ha sido durante el debate entre los candidatos a las elecciones andaluzas, en Canal Sur. Ha reconocido que es estos “accidentes laborales” son una “lacra”, para pasar directamente al bloque siguiente.

Montero no cometió un simple error semántico, sino algo mucho más grave: convirtió un crimen brutal en un trámite administrativo. En vez de hablar de violencia criminal, habló como si se tratara de una estadística de prevención de riesgos laborales.

Al rebajar el asesinato de agentes de la Guardia Civil a la categoría de “accidente laboral”, lo que transmitió la candidata socialista fue una alarmante desconexión con la gravedad de los hechos. Un guardia civil no murió porque una máquina fallara en una fábrica. No perdió la vida por una caída fortuita o una negligencia industrial. Fue asesinado. Y la diferencia importa, porque el lenguaje institucional marca el tono moral de un país. Si la que ha sido hasta hace pocas semanas número 2 del gobierno de Sánchez no es capaz de llamar asesinato a un asesinato, ¿qué mensaje envía a quienes arriesgan su vida cada día para defender la ley? ¿Qué confianza puede tener un agente en unos dirigentes que parecen más preocupados por controlar el relato político que por honrar a sus servidores públicos?

Es propio de la izquierda relativizar los ataques contra las fuerzas de seguridad mientras se multiplica la retórica grandilocuente para otros asuntos menos dramáticos. Esa doble vara de medir alimenta la sensación de que ciertos responsables progresistas viven encerrados en una burbuja ideológica impermeable al dolor real.

Resulta especialmente doloroso porque la Guardia Civil no es una abstracción. Son hombres y mujeres que trabajan en carreteras, costas, pueblos y ciudades enfrentándose al narcotráfico, al crimen organizado y a situaciones de enorme riesgo. Hablar de sus asesinatos como “accidentes laborales” rebaja el sacrificio de quienes sostienen la seguridad pública.

Un dirigente público no puede permitirse tratar una muerte violenta como si estuviera rellenando un informe estadístico. No, no fue un accidente laboral. Fue un asesinato y cualquier dirigente político serio debería empezar por llamar a las cosas por su nombre.