Durante décadas, la opinión pública española ha asociado la corrupción con el Ministerio de Fomento: autopistas, AVE, aeropuertos y recalificaciones que dejaban jugosas comisiones en los bolsillos de políticos y empresarios. Esa narrativa, cómoda y repetida, ha servido de cortina de humo.

El auténtico negocio, el que mueve cientos de millones con menos escrutinio y más opacidad, está en el Ministerio de Defensa. Ahí es donde se firman los contratos de armamento que, en demasiados casos, terminan en países sancionados por la ONU o la UE, en regímenes que oficialmente “no deberían” recibir armas españolas. Y ahí es donde las comisiones dejan de ser un sobresueldo y se convierten en un sistema paralelo de financiación.