La UCO de la Guardia Civil concluye que los contratos llevados a cabo por la cátedra que codirigió Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se hicieron “al margen del procedimiento establecido en la normativa” y de manera “premeditada”.

Eran adjudicaciones premeditadas y sin cumplir la normativa. Además, los agente de la UCO han encontrado irregularidades en el desarrollo del software.

La Unidad Central Operativa han entregado al juez Juan Carlos Peinado dos informes: uno relacionado con la cátedra y el software que se creó para ella, y otro sobre los movimientos bancarios de Gómez.

Deloitte beneficiada con contratos premeditados

El informe de la UCO concluye que la cátedra codirigida por Begoña Gómez incurrió en anomalías para beneficiar a ciertas empresas como la consultora de Deloitte a través de contratos premeditados en los que se habría empezado a trabajar incluso antes de la adjudicación formal, limitando la competencia de otras empresas y amoldando las condiciones, incluido el precio.

Indican que dos expedientes “se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente “al margen del procedimiento establecido en la normativa”.

A ello añaden que los pagos a Deloitte Consulting “sí se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado”.

“Sin embargo, de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones no solo estaban premeditadas sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato” y “la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos”, apunta.

Además, se tramitaron dos expedientes distintos que funcionaron, según señala el informe, para dotar de apariencia de legalidad a la adjudicación. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye que se producen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados, señalando claras irregularidades en contratación pública.

El juez Peinado mantiene la imputación de cuatro delitos a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Making Science Group, otra de las empresas favorecidas

Los agentes inciden en la condición de “administración pública” de la Complutense y el “preceptivo acogimiento a la Ley de Contratos del Sector Público” para analizar la contratación de los servicios necesarios para el desarrollo de la “Plataforma abonados por la UCM”, en concreto a Making Science Group.

Llama la atención que su contratación se llevó a cabo “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe (20.000 euros sin IVA)”.

También expone que “los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos –en su invitación a ofertar y en los pliegos, respectivamente– se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio, e incluso se deduce de la secuencia de hechos analizada que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte”.