Gabriela Moreno.- La edición 110 de la Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División de Chile, que comenzó a finales de enero y disputará hasta diciembre, tiene este año un inusual patrocinador: Apuestas Royal, una casa de juegos de azar en línea, avalada por el régimen chavista, cuyas inversiones en 11 de los 16 equipos que confirman la «liga de primera» ya alcanza los tres millones de dólares sin tener una licencia para operar.

El logotipo de la marca de la compañía aparece estampado a la altura del pecho en las camisetas de Unión La Calera, Deportes Concepción, Deportes Limache, Audax Italiano, Huachipato, Universidad de Concepción, Ñublense y Cobresal por ser el auspiciador principal. En el caso de Everton, Deportes La Serena, y Palestino, el casino en línea figura en la parte baja o en el brazo de los uniformes de los jugadores por ser secundario.

Detrás de la millonaria suma que impulsa a las escuadras australes está Andrés Galperín, un empresario venezolano radicado en Dubai, quien fundó la casa de apuestas hace cuatro años en el estado Aragua, la zona cuna de las operaciones ilícitas de la banda trasnacional Tren de Aragua, según informa El Líbero.

Compañía con piso chavista

Desde su creación, la compañía cuenta con el aval de la cinco organismos estatales que hasta ahora permanece bajo el dominio del chavismo. Dos de ellos son la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas y del Instituto Nacional de Hipódromos, ambos dirigidos por el exbeisbolista y cantante venezolano aliado de la dictadura, Antonio ‘El Potro’ Álvarez.

También tiene la venia de la Comisión Nacional de Casinos y la Sala de Bingo y Máquinas Traganíqueles de Venezuela, que administra el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana, Carlos Carvallo y de la Comisión Nacional de Loterías (Conalot), organismo dependiente del ministerio de Economía.

Esta lista de instancias involucradas en las operatividad de Apuestas Royal en Chile confirma que forma parte de «la estructura clientelar y de vínculos, conexiones y afinidades políticas que se han creado en Venezuela» señala la periodista venezolana de investigación, especializada en materias de crimen organizado, Ronna Rísquez, autora del libro ‘El Tren de Aragua al medio tras recalcar que «no es posible que algo de este tipo en Venezuela opere si no tiene algún vínculo».

Negocio con sospechas

Galperin insiste en negar relaciones. Mantiene que el inicio de actividades de su empresa en Aragua es «exclusivamente en un contexto institucional y administrativo» porque su negocio «evolucionó hacia un modelo de entretenimiento digital internacional, con estructura corporativa independiente y operaciones comerciales fuera de Venezuela. Cualquier asociación entre este origen regulatorio y actividades ilícitas es incorrecta».

La línea del discurso le conviene, especialmente, cuando en Ecuador se han registrado cinco muertes en los últimos cuatro meses de talentos del balompié en medio de atentados del crimen organizado que destaparon la innegable infiltración del narcotráfico en la dinámica de los equipos que cada día gritan “gol” con menos entusiasmo, como consecuencia de las amenazas de sicarios y la corrupción vinculada a los amaños de los partidos, hasta ahora fuera del control estatal.

El empresario sólo confiesa que su modelo de juego se basa en un sorteo de lotería digital propio, llamado Ruletas Royal, desarrollado y regulado en Venezuela con el auspicio de la Lotería del estado Aragua. Sin embargo, en suelo austral desconocen su perfil. Ni la Asociación Chilena de Casinos de Juego de Chile ni la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea tienen antecedentes de su participación en el contexto nacional deportivo.

Dos hombres claves

Lo irrefutable es que Álvarez y Carvallo son piezas claves en el entramado del chavismo que sostiene la imagen de Apuestas Royal en Chile considerando que este último es subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del régimen y su nombre aparece vinculado al secuestro y posterior asesinato del exmilitar Ronald Ojeda cometido en Santiago de Chile por encargo de Miraflores, según la Fiscalía austral.