Celeste Caminos.- En Europa, el debate sobre la libertad y el autoritarismo suele estar teñido por un relato repetido: la derecha es la que amenaza los derechos civiles, mientras la izquierda sería la defensora natural de las libertades. Sin embargo, los hechos recientes muestran una imagen completamente distinta.

Por un lado, Alice Weidel, líder del partido alemán de derecha AfD, denunció públicamente que el Estado está accediendo a los mensajes privados de los ciudadanos, amparándose en leyes de vigilancia digital cada vez más amplias. Weidel advirtió que se está cruzando una línea peligrosa: permitir que el gobierno observe las comunicaciones personales sin límites ni controles efectivos. Su mensaje es claro: la privacidad es un derecho fundamental, y el poder político —sea quien sea— no puede autorizarse a sí mismo a espiarlo todo.

Mientras tanto, en España, el presidente socialista Pedro Sánchez impulsa nuevas regulaciones que apuntan a mayor control sobre Internet, mayor supervisión de contenidos y un creciente poder estatal para decidir qué circula y qué no en el espacio digital. Lejos de promover una red abierta y libre, el gobierno español avanza en la dirección contraria: más intervención, más supervisión y menos espacio para la disidencia y la libre expresión.

Ambos hechos, observados en conjunto, derriban una narrativa muy instalada. Cuando se trata de control, censura y expansión del poder estatal, no es la derecha la que aparece dando pasos hacia el totalitarismo. Son gobiernos de izquierda los que hoy empujan medidas propias de una sociedad vigilada, con un alcance que hace apenas una década hubiera sido inimaginable.

La conclusión es incómoda para algunos, pero difícil de negar: el verdadero avance del autoritarismo en Occidente no viene de quienes lo denuncian, sino de quienes lo practican mientras hablan de “proteger a la ciudadanía”.

Y en esta tensión, la defensa de la libertad —irónicamente— está quedando en manos de aquellos que la izquierda acusa de “peligrosos”.