La concejal socialista María José González Peña.

Un empleo público en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) a cambio de que su familia al completo votara al PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. Ese fue, según la investigación judicial, el pacto que se fraguó entre la entonces teniente de alcalde de Personal, María José González Peña —hoy vicesecretaria general del partido en la localidad— y su asesor de confianza, Luciano Muñoz Castaño, jefe de la Policía Local.

El caso se centra en la adjudicación de una plaza de funcionaria interina a Manuela F. N., quien desde el inicio de la instrucción confesó lo ocurrido y admitió haber participado en el proceso amañado. El cuestionario de la oposición, en un hecho insólito, fue elaborado por la propia aspirante, que además conoció de antemano el ejercicio práctico, colocándose en una posición de ventaja frente al resto de candidatos.

El juez instructor, Eduardo Vaquero Llevot, dicta en un auto fechado el 2 de septiembre que las diligencias previas se transforman en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral. En su resolución, aprecia indicios de prevaricación y revelación de secretos en la actuación de cuatro personas: González Peña, su asesor Muñoz, el presidente del tribunal del concurso, Ricardo F. V., y la beneficiaria del puesto.

El origen de la trama, según el auto, fue una reunión celebrada en junio de 2018 en el restaurante El Lago de Arcos. Allí, González Peña, de acuerdo con Muñoz, ofreció a Manuela F. N. la posibilidad de acceder de nuevo a un empleo municipal en régimen interino —después de que hubiera sido cesada meses antes como agente interina de la Policía Local, al ser un cargo prohibido por la legislación andaluza— con la promesa de que en el futuro consolidaría la plaza.

El compromiso político quedó claro: la adjudicataria debía garantizar el voto no solo de ella, sino también de su madre, marido, hermanas y allegados, en favor del PSOE en las municipales de 2019. Finalmente, los socialistas lograron mantener la alcaldía, que continuó en manos de Isidoro Gambín hasta 2023.

La investigación judicial señala que todo el proceso estuvo «teledirigido», diseñado para asegurar que Manuela F. N. obtuviera el puesto de oficial de Inspección de la Oferta de Empleo Público de 2018, convocado justo unos días antes de los comicios. La ventaja con la que contó respecto al resto de aspirantes, advierte el juez, fue «absoluta e indeseable».