DE.- Cada verano asistimos a la misma tragedia: incendios devastadores que arrasan miles de hectáreas, ponen en riesgo vidas humanas y destrozan patrimonio natural irrecuperable. Y cada verano escuchamos al presidente del Gobierno de turno prometer que se utilizarán «todos los recursos disponibles» para combatirlos.

La realidad es bien distinta. Helicópteros de los más avanzados en el mundo para la extinción de incendios permanecen parados porque son de fabricación rusa. Para activar el despliegue de recursos estatales es necesario elevar la emergencia a nivel 3, pero esa decisión depende del propio Gobierno central, que prefiere mantener el nivel 2 y cargar la responsabilidad sobre las Comunidades Autónomas, según convenga al relato político.

El resultado es un Estado que aparenta actuar, pero que en la práctica se muestra ineficaz, lento y más preocupado por la narrativa que por la gestión. La pregunta es entonces: ¿por qué lo hacen así?

La cortina de humo de la Agenda 2030 

El Gobierno, servil a la Agenda 2030, o al gobierno globalista si se quiere, encuentra en el cambio climático un argumento perfecto: culpar a un fenómeno intangible y global de los incendios y catástrofes naturales. Y por el camino, echarle la culpa de ello a la gente.

¿Por qué? Porque al presentar la crisis como algo «externo» e «inevitable», se puede vender a los ciudadanos la ficción de que con más recursos (es decir, con más dinero extraído de los impuestos) se podrá combatir la situación. Y por el camino, se crea la sensación de que el propio ciudadano es el culpable, justificando así la «penitencia» que debe pagar por ello.

El problema es que esa penitencia, esa recaudación récord, ya se produjo: 2024 fue el año con la mayor recaudación de impuestos en la historia de España. Sin embargo, lejos de traducirse en mejores servicios públicos, la realidad que todos vemos es distinta: la Sanidad y la Educación se deterioran, la Justicia cada vez más colapsada. Las carreteras y el transporte público, con ejemplos como Renfe, muestran un abandono evidente.

Y cuando llegan catástrofes como la DANA, el volcán de La Palma o los incendios forestales, el Estado demuestra ser a propósito ineficiente.

Con este panorama, muchos pueden pensar que España es entonces un Estado fallido. Pero se equivocan: el Estado español funciona como un cohete, su eficiencia es máxima, ya que consigue someternos sin rechistar, consigue expoliar nuestros recursos, consigue implementar el plan de la Agenda Globalista a la perfección. ¿Cabe mayor eficiencia que esa?

La causa verdadera: no hay democracia, no hay representación real 

La razón por la cual el Estado español puede someternos, obedeciendo intereses extranjeros y élites oscuras, es muy sencilla: es porque aquí no existe la representación política real.

Lo que tenemos en realidad son partidos estatales que han usurpado la soberanía de los ciudadanos. Y todos fingen que nos representan, apoyados por una maquinaria mediática subvencionada que está 24 horas repitiendo la misma mentira.

Los impuestos que pagamos no son recursos que los ciudadanos decidamos colectivamente a dónde van. Se gastan según conviene a los partidos políticos, que a su vez están condicionados por intereses internacionales y directrices externas.

La consecuencia es directa: mientras se destinan millones a sostener el aparato del Estado y a mantener compromisos ideológicos o geopolíticos, no hay recursos eficaces para responder a catástrofes que afectan de manera directa a la población. Y máxime cuando muchas de esas «catástrofes fortuitas» obedecen a planes con una clara intención.

Un sistema diseñado para el poder, no para el ciudadano 

En el llamado «Régimen del 78», el poder político ha tenido vía libre para hacer y deshacer con los recursos de todos. No existe un control ciudadano efectivo, porque no existe representación. El ciudadano vota listas cerradas de partidos, pero no elige ni controla a sus representantes.

Los partidos, integrados en el Estado, legislan y gobiernan para su propia supervivencia, no para el bien común de la ciudadanía. Prefieren mantener un incendio en nivel 2 para desgastar a la Comunidad Autónoma rival antes que activar el nivel 3 y poner al servicio de todos los españoles los recursos necesarios para salvar vidas y naturaleza.

Este no es un fallo puntual: es la consecuencia lógica de un sistema político que se sostiene en la mentira de la democracia española.

 tomar conciencia o perecer en la farsa 

Mientras los ciudadanos no tomemos conciencia de que los problemas que sufrimos no son casualidad, sino fruto directo del sistema político, nada cambiará.

Si pensamos distinto en el interior, el exterior cambia. Si seguimos en la misma rueda partidocrática que nos impusieron en el 78, todo seguirá como ellos quieren: en la farsa de que tomemos «partido» de uno u otro, y odiemos al contrario. ¡Cuánta gente inteligente hay todavía presa del engaño que defiende a uno u otro partido!

La única salida pasa por reconocer que no tenemos representación política, que no decidimos nada sobre nuestros impuestos y que vivimos bajo un régimen diseñado para perpetuar a los partidos. España no saldrá del círculo de ineficiencia, corrupción y miseria política hasta que los ciudadanos exijamos un verdadero cambio de sistema:

a) Representación política auténtica.

b) Separación real de poderes.

Estas limitaciones al poder se traducen en un control ciudadano sobre el destino de los recursos públicos. Hasta que no hagamos esta ruptura, este cambio total de paradigma, seguiremos viendo cómo arde nuestra tierra, cómo se deterioran los servicios públicos y cómo se nos enfrenta en bandos ideológico, mientras lo que se quema somos nosotros mismos.

El futuro no se construirá con narrativas partidocráticas ni con culpables ficticios, sino con ciudadanos conscientes que rompan de una vez con un régimen podrido que debe servir de abono para un fértil renacer.