La acusación popular ha solicitado ocho años de prisión para la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE) por el presunto fraccionamiento de una serie de contratos de unas obras en colegios públicos realizados en 2016, cuando era edil de Medio Ambiente, Parques-Jardines y Limpieza Viaria.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles ya dictó el 27 de marzo pasado un auto de procedimiento abreviado al apreciar en su investigación “indicios bastantes” de prevaricación en la adjudicación de estos contratos cuando Posse era concejal en 2016, dos años antes de ser alcaldesa.

Según han confirmado a EFE fuentes de la acusación popular, en su escrito han solicitado finalmente que se abra juicio oral contra Posse y contra la jefa del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios Públicos, Ángeles Cortizas, a quien también acusa del fraccionamiento de contratos.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la acusación popular solicita para ambas investigadas penas de ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos, además de solicitar 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación.

Se trata de una de las piezas separadas en torno a la investigación iniciada en 2019 para esclarecer unos supuestos delitos en la adjudicación, por parte del Ayuntamiento de Móstoles, de una serie de contrato menores realizados a lo largo de 2016 por unas obras en colegios públicos de la localidad.

En su auto de procedimiento abreviado, la jueza ya apreció “indicios bastantes” de prevaricación tanto en Posse como en Cortizas, aunque archivó provisionalmente las investigaciones en torno a otros ediles socialistas como Javier Gómez o Jéssica Antolín, así como el exconcejal de Ganar Móstoles Miguel Ángel Ortega.

“De lo actuado se desprende que se produjo consciente y deliberadamente por las mismas un fraccionamiento del objeto del contrato para eludir el límite cuantitativo a fin de evitar acudir al procedimiento de contratación ordinaria”, aseguraba la juez en el auto, fechado el 27 de marzo pasado, al que tuvo acceso EFE.

Además, el auto insistía en que fueron Posse y Cortizas “quienes decidieron el tipo de contrato a realizar y, en consecuencia, quienes consciente y deliberadamente, prescindieron de las formas legales de la contratación pública, infringiendo los principios ya citados” en las propuestas de contrato para ocho obras.

Sin embargo, Posse ya recurrió este auto de continuación de la jueza, al entender que “no existe base indiciaria que justifique el acuerdo dictado de auto de acomodación procedimental”, ya que su participación en los hechos “se resume una fase inicial”.

En este sentido, la exalcaldesa hablaba de “un acto de mero trámite que se concreta en suscribir la propuesta de gasto para una propuesta de contrato menor con el objeto y finalidad de dar continuidad al procedimiento con su traslado a la Oficina de Control Presupuestario”.

Noelia Posse también se mantiene investigada en otra pieza separada abierta por este mismo Juzgado sobre otras supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores del departamento de Comunicación del Consistorio mostoleño tanto en su mandato como en el de su predecesor, David Lucas.

Todas estas actuaciones sobre contratos menores se iniciaron tras una denuncia del exdirector de Hacienda del Ayuntamiento, Sergio Gil, ante la Fiscalía, quien acabó presentando denuncia por los delitos de falsedad de documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos y que ahora solicita 8 años de prisión para Posse por estos hechos.

La acusación popular también presentó hace unas semanas un recurso ante la Audiencia Provincial contra el sobreseimiento a favor de Jessica Antolín y Javier Gómez, ambos exconcejales del PSOE, ya que consideran que su intervención en el presunto fraccionamiento de contratos fue activa.