El juez Juan Carlos Peinado ha imputado al ex secretario general de la Presidencia del Gobierno Francisco Martín Aguirre -actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid- por haber sido el “superior jerárquico” de la asesora de Moncloa que hizo gestiones privadas para la mujer del presidente del Gobierno.

El instructor del “caso Begoña Gómez” le atribuye un supuesto delito de malversación de caudales públicos al observar indicios de “su participación” en el nombramiento de Cristina Álvarez como alto cargo del Ejecutivo con el fin de que se dedicase a “funciones privadas” para la esposa de Pedro Sánchez “con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”.

Martín Aguirre ejerció como responsable de la secretaría general de la Presidencia entre julio de 2021 y marzo de 2023, y por ello le involucra en las presuntas irregularidades vinculadas a que Álvarez, cobrando un sueldo de “fondos de naturaleza pública”, ejerciese para Gómez de interlocutora con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en asuntos de la cátedra y con una empresa privada, Reale Seguros, a la que trasladó el interés de la mujer de Sánchez en que siguiesen patrocinándola.

Esta mujer, que tiene sobre el papel el cargo de directora de Programas, se llegó a presentar ante trabajadores de la universidad como “colaboradora” de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le cita ya para tomarle declaración como investigado el próximo 14 de mayo a las 13:30 horas. Toma esta decisión al admitir la querella contra Martín Aguirre que presentó Vox, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares.

Sin embargo, el juez Peinado desvincula a la propia asesora de la posible comisión de un delito de malversación de fondos públicos al entender que “no se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento” pueda tener “responsabilidad penal alguna”, ni siquiera como “cómplice o cooperador necesario”, en que desarrollase “el trabajo que se le viene encomendando” y percibiese, en contraprestación, “la cantidad que tiene asignada”.

Lo mismo ocurre con Gómez. Apunta a que “no hay indicios” de que participase en el nombramiento de Álvarez y limita el papel de la mujer del jefe del Ejecutivo en cuanto a su asesora a que hizo uso “de sus servicios profesionales, aunque para fines personales”. En ello el instructor no percibe “responsabilidad penal alguna”. El juez Peinado inadmite, por esta razón, la querella de la formación de Santiago Abascal en lo que afecta a la mujer del también secretario general socialista y a la mujer que ejerce de su mano derecha.

Calificó el caso de “persecución política”
Hace menos de un mes, Martín Aguirre criticaba, precisamente, en una entrevista con Servimedia la causa en la que ha acabado imputado y la calificó de “persecución política con el objetivo de hacer daño al presidente del Gobierno a través de su pareja”.

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El delegado del Ejecutivo de Sánchez en la región madrileña defendió que, tras un año de instrucción, el juez Peinado no ha concluido “absolutamente nada”, pese a que hay “una decena de personas investigada” y él es ya una más de la lista.

Preveía en esta entrevista con la citada agencia que la “instrucción está abocada a terminar pronto”, aunque el juez finalmente ha prorrogado el procedimiento seis meses más a contar desde el pasado 16 de abril en que se cumplió el plazo de un año a priori límite.