Pedro Sánchez y la portavoz de Junts, Míriam Nogueras

Solo por las formas empleadas, el acuerdo entre el PSOE y Junts para traspasar a Cataluña las competencias en materia de inmigración, ya es posible escandalizarse y temerse lo peor. Porque es simplemente que algo así se difunda casi clandestinamente, con una filtración inconcreta que se salta las instituciones y los procedimientos reglados para comerciar con un prófugo de la Justicia la cesión del control fronterizo en una parte de España.

Un Estado de derecho se define por el respeto a las normas y, además, por la escrupulosa observancia de los cauces que él mismo dibuja para proponer reformas y, en su caso aprobarlas o rechazarlas. Todo ello se desvanece con la impúdica costumbre de Sánchez de negociar a escondidas, en el extranjero, con un interlocutor inválido, sobre asuntos que simplemente son constitucionalmente innegociables.

Ahora asistiremos a la ceremonia habitual de confusión del Gobierno, que pretende siempre decirle al separatismo que ha atendido sus exigencias y a la vez, al resto de España, que no lo ha hecho y nada hay que temer. Esto añade a la ofensa institucional una falta de respeto ya endémica, unas veces para blanquear a duras penas concesiones penales como la amnistía, otras económicas como la quita de deuda o el cupo catalán y otras más institucionales, como la relativa a la inmigración.

Sea cual sea la letra final del acuerdo, su espíritu ya es intolerable: la unidad territorial de España no puede ser objeto de debate, y el control de sus fronteras es uno de sus elementos definitorios que no se puede ni externalizar ni compartir para atender el sueño nacionalista de gestionar sus propias aduanas.

Es indiferente que la Policía Nacional y la Guardia Civil sigan allí desplazadas si, a la vez, se permite la presencia prioritaria de los Mossos, un primer paso para acostumbrar a la ciudadanía a este abuso y hacerlo posteriormente crecer, en un camino que una vez emprendido puede ser ya irreversible.

Y si al final se confirma que la Generalidad catalana también se reservará la concesión o rechazo de los permisos de residencia, la expulsión de inmigrantes o el futuro de sus centros de acogida, el destrozo será con seguridad irrecuperable.

Sánchez, en fin, está deformando la propia esencia de la España constitucional, sustentada en la unidad y en la igualdad ante la ley, al atender una catarata de chantajes que ningún presidente decente toleraría, desde la certeza de que ningún acuerdo es siquiera planteable cuando destroza valores y normas que él debe proteger.

La negociación política puede tener unos límites anchos, pero nunca sobrepasar las líneas rojas que perfilan la solidez de un Estado y le protegen de los vaivenes políticos coyunturales. El líder socialista no acuerda nada, en fin, se limita a intercambiar su supervivencia por la estabilidad de España, asumiendo la extorsión de minorías irrelevantes que le ven, más que como un interlocutor, como una víctima de sus andanzas y pretensiones.