Venezuela ha vivido este fin de semana el último de una larga serie de episodios relacionados con el desgaste político y la sangría económica del Gobierno de Nicolás Maduro en los cinco años que han transcurrido desde que la muerte de su antecesor en el cargo, Hugo Chávez, le pusiera a los mandos de la nación caribeña.

Dos drones cargados con explosivos interumpían el discurso que Maduro pronunciaba al filo de las 18.00 (hora local) del sábado en la Avenida Bolívar de Caracas, acompañado de su mujer, Cilia Flores, y su Gobierno, ante una audiencia de cientos de militares reunidos con motivo del 81º aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana.

Maduro enmudecía –y miraba al cielo visiblemente preocupado– mientras la guardia presidencial evacuaba el palco de autoridades. En la calle, los uniformados rompían filas y huían en todas direcciones. La señal de radio y televisión, que emitía en directo, se cortaba.

Los Soldados de Franelas, un grupo supuestamente integrado por militares descontentos con Maduro, ha reivindicado el ataque. Acusan al presidente de violar la Constitución y piden a los venezolanos que vuelvan a tomar las calles hasta hacerse con el poder. Después, proponen crear una “junta de transición” que guíe a Venezuela hacia “elecciones verdaderas”.

Los hechos, como es habitual en Venezuela, han tenido varias interpretaciones. Maduro, que ha salido ileso, habla de “atentado” y acusa a la “ultraderecha” venezolana y colombiana y sus agentes en Miami, señalando como ‘cerebro’ a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. La oposición, reunida en el Frente Amplio, subraya que “aún está por verse si realmente fue un atentado” y alerta de que podría servir de “excusa” para “profundizar la represión”.

Los sucesos recuerdan al ataque protagonizado el 27 de junio de 2017 por el piloto de la Fuerza Aérea venezolana Óscar Pérez, que robó un helicóptero con el que bombardeó las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. Pérez, que en el pasado se había prestado para campañas de publicidad de las tropas ‘chavistas’, se convertía así en la imagen pública de la rebelión militar contra Maduro.

Pérez permaneció fugado hasta enero cuando fue localizado junto a varios “criminales” en una vivienda de un barrio humilde de Caracas. Las fuerzas de seguridad asediaron durante horas la casa hasta que finalmente entraron. Pérez y otros “seis terroristas” murieron. El piloto había pedido en vídeos difundidos por redes sociales que cesara el ataque: “Nos vamos a entregar, no sigan disparando”.

Apenas dos meses después, el 6 de agosto de 2017, un grupo de militares sublevados liderados por el capitán Juan Caguaripano, de la 41º Brigada Blindada, lanzó la ‘Operación David Carabobo’ con la que intentaron tomar unas instalaciones clave de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Fuerte Paramacay, en la ciudad venezolana de Valencia. Las tropas ‘chavistas’ frustraron el ataque, que dejó dos muertos y varios detenidos.

Desde la prensa contestataria se ha informado de que estos incidentes no son anécdotas, sino síntoma de una creciente frustración en la FANB por la deriva que ha adoptado el país. Según Foro Penal, una ONG local dedicada al seguimiento de los presos venezolanos, en mayo había un total de 70 militares encarcelados por razones políticas.

Las FANB son el pilar fundamental del edificio ‘chavista’. La “unión cívico-militar”, como la definió Chávez y repite Maduro, es el escudo protector del Gobierno, por lo que cualquier fisura en la institución armada podría provocar su colapso.

Crisis humanitaria

El motor de la incipiente sublevación militar ha sido la crisis humanitaria que sufre Venezuela a causa de una crisis económica que ha vaciado los supermercados de productos de primera necesidad, como comida y medicamentos, y ha provocado un rápido deterioro de los servicios públicos, desbaratando las políticas sociales que servían de buque insignia al ‘chavismo’.

El origen del mal económico que aqueja a Venezuela es la brusca caída que sufrió el precio del petróleo en el mercado internacional. El país, que obtiene la mayoría de sus ingresos públicos de las exportaciones de crudo, vio cómo el barril se desplomaba hasta los 40 dólares, muy por debajo del mínimo de 100 dólares al que necesita venderlo para mantener saneadas sus cuentas.

En un primer momento, Maduro capeó el temporal con generosos créditos de Rusia y China, pero pronto el Gobierno se quedó sin dinero para seguir importando los bienes que hasta entonces compraba en el extranjero, la mayoría, según explicó en una entrevista Raúl Gallegos –ex corresponsal de Dow Jones y ‘Wall Street Journal’–.

Se formaron largas colas para comprar leche o papel higiénico pero mes a mes se diluyeron porque la hiperinflación hacía imposible comprar a precios oficiales. En su última estimación, del mes de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que Venezuela cerrará 2018 con una inflación récord de un millón por ciento.

Relatores especiales de la ONU alertaron, en un informe publicado en el primer trimestre del año sobre la situación en Venezuela, de que “en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición”, mientras que la falta de medicinas y otros insumo médicos “está provocando muertes que se podrían prevenir”. Más de un millón de venezolanos han huido en el último año del país rumbo a Colombia, Brasil y otros lugares.

Parálisis política

El descenso a los infiernos de Venezuela ha estado marcado por una tensión política fluctuante cuyos picos fueron las revueltas opositoras de 2014 y 2017, que dejaron un balance total fue de más de cien fallecidos, la mayoría manifestantes muertos a manos de uniformados y ‘colectivos’ –grupos de civiles armados afines al Gobierno–.

La situación se agravó a raíz de la victoria que obtuvo la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en las elecciones parlamentarias de 2015. Por primera vez, la oposición se hacía con el control de la Asamblea Nacional y lo hacía además con una ‘súper mayoría’ que le permitía reformar el Estado.

Maduro contraatacó con una ofensiva institucional desde los órganos que aún controlaba –TSJ y Consejo Nacional Electoral–. Así, ha anulado al Parlamento y dejado fuera de juego a la MUD y a sus principales partidos y dirigentes.

El jaque mate fue la creación en 2016 de una Asamblea Constituyente que ha absorbido todos los poderes estatales, menos el Ejecutivo.

La MUD, por su parte, se ha demostrado incapaz de formar un verdadero frente común ‘antichavista’. Salvo el triunfo electoral de 2015, ha perdido votación tras votación –Henrique Capriles se quedó a las puertas de Miraflores en los comicios celebrados a la muerte de Chávez– y las luchas internas por el poder la han desdibujado por completo.

Ahora, busca un salvavidas en el Frente Amplio, que integra también a otras voces críticas, como empresarios e Iglesia.

Gobierno y MUD han intentado pactar en la mesa de negociaciones una solución a la crisis, pero les ha sido imposible. La última tentativa descarriló en febrero por falta de acuerdo sobre cómo debían celebrarse unas elecciones presidenciales que finalmente tuvieron lugar el 20 de mayo con el boicot de la oposición y el reproche de la comunidad internacional.

Maduro resiste a los llamamientos internos y externos para que celebre unas verdaderas elecciones presidenciales este mismo año. Solo ha accedido a liberar a cerca de 80 presos políticos, entre ellos el destacado dirigente Daniel Ceballos. Sin embargo, el ex alcalde caraqueño Antonio Ledezma tuvo que fugarse a Colombia y el líder opositor Leopoldo López purga condena bajo arresto domiciliario.