Ponce y Talavante, el pasado verano en Palma

El Comité Taurino de Baleares ha anunciado este viernes que presentará un recurso judicial en caso de que el Parlamento regional apruebe la proposición de ley de «regulación de las corridas de toros en Baleares». Dicha futura norma fue presentada ayer de manera conjunta por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS —tanto de Mallorca como de Menorca— y Podemos. La citada proposición no prohíbe expresamente los festejos taurinos, pero es extremadamente restrictiva por lo que se refiere a su celebración.

Para el Comité Taurino de Baleares, «en ningún caso la regulación autonómica puede infringir las leyes nacionales que definen y protegen la tauromaquia». A través de un comunicado, la citada entidad señala que «las leyes de 2013 y 2015 que regulan la tauromaquia dejan claro que la competencia de su regulación es del Estado y que las comunidades autónomas pueden desarrollarla, pero, en ningún caso, esto puede suponer la imposibilidad de celebrar corridas de toros». En ese sentido, la nueva iniciativa del tripartito sería «una propuesta de ley estrambótica de imposible aplicación».

La mencionada proposición de ley indica que podrá haber festejos en las plazas de la Comunidad siempre y cuando no se hiera o se mate al toro. En ese sentido, únicamente se podrán utilizar capotes y muletas, pero en ningún caso objeto punzante alguno, como por ejemplo banderillas o estoques. Además, no se podrán hacer servir caballos en los cosos y estará prohibida la entrada a los menores de 18 años, así como la venta de alcohol.

Otra condición es que sólo se podrán torear un máximo de tres reses por festejo y por un periodo de tiempo no superior a los diez minutos. La futura ley también establece que las plazas deberán ser completamente accesibles para las personas con movilidad reducida. Por otra parte, los empresarios y promotores deberán abonar fianzas previas por un importe global mínimo de 300.000 euros.

Las licencias para la realización de cada festejo concreto serán concedidas por los respectivos consejos insulares. Otro requisito fijado por la nueva ley es que se hará «un control antidopaje» de los toros y de los diestros «antes y después del espectáculo». Tras una revisión veterinaria, las reses serán devueltas a la ganadería que las suministró. Por otra parte, dentro y fuera de cada plaza de toros se instalará un cartel que advierta de que «el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores».

Las duras condiciones fijadas en esta proposición de ley pueden hacer inviables, en la práctica, la celebración de festejos en Baleares. En principio, la futura ley taurina no se aprobará hasta finales de este año, lo que permitirá que este próximo verano aún pueda haber corridas de toros en la Comunidad. En cuanto al tradicional «correbou» («encierro») del municipio mallorquín de Fornalutx, seguirá celebrándose como hasta ahora, aunque con algunas limitaciones añadidas para que el animal no sufra.

El miembro del Comité Taurino de Baleares y presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, el abogado Jorge Campos, considera que «la ley que se ha anunciado en Baleares vulnera la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la prohibición en Cataluña». Asimismo, Campos advierte de que «han anunciado un fraude de ley que será inmediatamente recurrido para preservar la tauromaquia y, sobre todo, la libertad frente al totalitarismo de socialistas y separatistas».

Por su parte, la portavoz del Gobierno balear, Pilar Costa, ha señalado este viernes que el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol no ha participado en la elaboración de la mencionada proposición de ley. En ese contexto, Costa ha indicado que espera que la citada iniciativa se haya realizado «en cumplimiento de la legalidad». Además, ha recalcado que confía en que durante la tramitación parlamentaria la futura norma pueda ser «lo más consensuada posible».

El principal partido de la oposición en esta legislatura se ha pronunciado ya sobre esta cuestión. Así, el secretario general del PP balear, Toni Fuster, ha mostrado el «total rechazo» de los populares a la iniciativa del tripartito. «Cuando volvamos a gobernar esta Comunidad Autónoma en 2019, vamos a derogar esta ley, por esperpéntica, populista e inútil», ha dicho. Para Fuster, «es una ley que no beneficia a nadie, pues todos los sectores afectados están en contra».