Ignacio Loring.- Les presentamos un ejercicio de ficción política para comprobar hasta qué punto la condena de la violencia depende, en determinados sectores de la izquierda, de quién la sufre y de quién la ejerce.

Imaginemos por un momento una escena alternativa en la plaza de María Pita, en La Coruña. No está Santiago Abascal sobre el escenario, sino Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno acude a un acto público y, entre los asistentes, un grupo de radicales de derecha decide que la mejor manera de expresar su desacuerdo político consiste en recurrir a los insultos, las amenazas, las agresiones y los disturbios. Hay tensión, empujones, agresiones a policías y momentos de peligro y una multitud que convierte un acto político en un escenario de intimidación.

Ahora imaginemos que los violentos llevan banderas y símbolos calificados de ultraderecha, que la víctima es el presidente socialista y que las imágenes empiezan a circular por las televisiones y las redes sociales.

No hace falta tener una imaginación especialmente fértil para anticipar el terremoto político que se produciría.

La democracia estaría en peligro. El fascismo habría salido de las alcantarillas. La extrema derecha estaría enseñando su verdadero rostro. Se reclamarían condenas inequívocas, declaraciones institucionales, editoriales solemnes y toda una batería de análisis sobre el odio, la intolerancia y la normalización de los discursos antidemocráticos… Y ello con razón, porque una agresión política no se vuelve menos grave por la ideología de quien la comete, ni deja de ser una agresión porque la víctima pertenezca al partido que uno detesta.

El problema empieza cuando esa última frase deja de ser un principio universal para convertirse en una recomendación que solo se aplica a los adversarios.

María Pita: dos varas de medir y una democracia de conveniencia

Regresemos ahora a la escena real que inspira este ejercicio: el acto de Abascal en María Pita y la polémica sobre los incidentes y la violencia política que lo rodearon.

La cuestión no es exigir que todos los medios publiquen exactamente lo mismo, ni fingir que todos los episodios tienen idénticas circunstancias. El contexto importa, la gravedad de los hechos importa y las responsabilidades individuales deben acreditarse. Lo que no debería importar es el carné ideológico de la persona que recibe los golpes.

Sin embargo, basta cambiar el nombre del protagonista para que el vocabulario político parezca sufrir una transformación milagrosa.

Cuando el agredido es de izquierdas, la violencia tiende a presentarse como una amenaza contra la democracia. Sin embargo, cuando el agredido es de derechas, siempre existe la tentación de añadir un asterisco: que si el contexto, que si la provocación, que si el personaje, que si sus declaraciones anteriores, que si la naturaleza de su partido.

Como si las libertades públicas funcionaran mediante un sistema de puntos y algunos ciudadanos acumularan tantos pecados políticos que pudieran perder el derecho a ejercerlas sin ser intimidados.

La ironía es extraordinaria: quienes se presentan como guardianes de la tolerancia descubren, en ocasiones, que esta tiene letra pequeña. Y quienes denuncian con toda razón que no se puede criminalizar a una víctima terminan preguntándose si determinada víctima no habrá hecho méritos suficientes para merecer menos solidaridad.

Lo que está haciendo la izquierda estos días, incluidos ministros y altos cargos institucionales vinculados al gobierno, es diluir la condena, desplazar la conversación hacia los defectos del agredido y terminar discutiendo sobre cualquier cosa menos sobre la conducta de quien agrede.

La víctima acaba sentada en el banquillo moral. El agresor, mientras tanto, obtiene el beneficio de una explicación sociológica.

El milagro editorial: cuando cambian los protagonistas, cambia el vocabulario

Imaginemos ahora las portadas, las tertulias y los comentarios de opinión si el escenario de María Pita hubiera tenido a Sánchez como protagonista y a radicales de derechas como responsables de los disturbios.

Es razonable pensar que buena parte del debate mediático habría girado en torno a la amenaza ultra, la violencia política y la obligación de aislar a quienes recurren a ella. También es razonable esperar que los responsables públicos de la izquierda exigieran condenas sin matices. ¿Mantendrían sin embargo esos mismos estándares si la víctima fuera Abascal o Feijóo? No con toda probabilidad: los sesgos de confirmación y la lealtad ideológica condicionan qué hechos se consideran centrales, qué circunstancias se destacan y qué palabras se utilizan para describirlos.

La violencia del adversario confirma nuestros peores temores, mientras que la violencia contra el adversario amenaza con complicarnos el relato.

Así, una misma conducta puede recibir tratamientos muy distintos: «intimidación» o «protesta»; «agresión» o «incidente»; «asedio» o «tensión». Las palabras no son inocentes. Pueden iluminar los hechos o funcionar como cortinas para que no se vea demasiado.

El escrache a Ayuso: cuando la víctima no encaja en el papel de víctima

El mismo examen puede aplicarse al escrache a Isabel Díaz Ayuso.

Un escrache puede formar parte de una protesta política legítima. Criticar a un cargo público, exigirle explicaciones, manifestarse contra sus decisiones o expresar indignación son actividades perfectamente compatibles con la democracia. Ningún político tiene derecho a quedar blindado frente a la protesta ciudadana.

Pero tampoco existe un derecho ilimitado a intimidar, acosar o agredir a una persona por razón de su cargo o de sus ideas. La protesta no convierte automáticamente cualquier comportamiento en aceptable.

Si una multitud de radicales de derechas hostigara a Pedro Sánchez, le impidiera desarrollar un acto mediante amenazas o tratara de amedrentarle físicamente, ¿aceptaríamos como explicación suficiente que el presidente había tomado decisiones polémicas? ¿Diríamos que, por gobernar, debe asumir cualquier forma de presión? ¿Nos parecería una respuesta democrática recordar sus errores políticos en lugar de condenar la intimidación?

Seguramente muchos de quienes responderían que no en el caso de Sánchez tendrían dificultades para mantener la misma respuesta en el caso de Ayuso. La prueba de coherencia es sencilla: intercambiar los nombres y conservar los principios.

Volvamos por última vez a la plaza de María Pita.

Si imaginamos a Pedro Sánchez en el lugar de Abascal, con radicales de derecha protagonizando los disturbios, el escándalo político y mediático sería, previsiblemente, enorme. Se hablaría de amenazas a la democracia, de intolerancia y de la obligación de condenar sin ambigüedades la violencia.

La pregunta que queda en el aire es por qué esa exigencia no siempre parece aplicarse con idéntica energía cuando la víctima es un dirigente de derechas. Y lo mismo cabe preguntarse ante el escrache a Ayuso: ¿defendemos el derecho a no ser intimidado o solo el derecho de los nuestros a no serlo?

No basta con denunciar la violencia cuando la ejercen los adversarios. Tampoco basta con condenarla formalmente para dedicar después toda la conversación a explicar por qué la víctima se la habría buscado. La coherencia se demuestra cuando se mantiene la condena incluso ante la persona cuya ideología más nos irrita.

Si al final la condena de la violencia depende de quién lleva la bandera, de qué partido figura en la papeleta o de qué tertuliano tiene la palabra, entonces conviene dejar de hablar de principios universales.

La democracia, por desgracia, no se debilita únicamente cuando alguien levanta la mano contra un adversario. También se debilita cuando quienes deberían condenarlo empiezan por preguntarse si el adversario se lo merece.