Germà Gordó

Los partidos políticos que promueven el proceso secesionista catalán y las organizaciones que les dan cobertura han puesto en su punto de mira a la Comunidad Valenciana. El desafío soberanista planteado por Artur Mas tiene como último objetivo alcanzar una suerte de «federación política» de los territorios de la antigua Corona de Aragón, que en la jerga separatista se denominan «Países Catalanes».

En este sentido, al Gobierno catalán no le ha gustado que el Ejecutivo valenciano trate de marcar distancias con estas tesis y ha desvelado sus planes de incluir a los valencianos en la «nación catalana». Así, el conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó, respondió ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y aseguró que Cataluña «no se olvida» del resto de territorios de habla catalana porque «la construcción de un Estado no debe hacer olvidar a la nación entera». Una nación que, según dijo, debe estar reflejada en una constitución catalana si se logra la independencia, por lo que se concedería la nacionalidad catalana a los ciudadanos del resto de los Países Catalanes, en los que incluyó a «la Cataluña Norte, el País Valenciano, la Franja y Baleares».

Gordó, que forma parte de la lista unitaria independentista que concurrirá a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, expuso que a partir de ese día se le ha de dar una «forma jurídica» a Cataluña «sin olvidar la nación completa» y abogó por luchar por la «unidad política de los Países Catalanes».

El cambio de signo en el Gobierno valenciano tras las últimas elecciones autonómicas ha hecho albergar «esperanzas» a los promotores de la separación de España de poder extender su proceso más allá de los actuales límites geográficos de Cataluña. La hoja de ruta para la secesión de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural (compañeros de Artur Mas y Oriol Junqueras en la lista unitaria) establece en su «fase definitiva» la obtención de la «plena unidad nacional, si así lo acuerdan el resto de Parlamentos, mediante la unión federal de los diferentes territorios de los Países Catalanes», donde los separatistas incluyen a la Comunidad Valenciana. Un escenario utópico bajo el mandato del PP, que aprobó la pasada legislatura una ley para la protección de las señas de identidad valencianas que tiene fecha de caducidad, toda vez que PSPV, Compromís y Podemos, que suman mayoría parlamentaria, ya han anunciado su derogación.

Las habituales injerencias en materia identitaria (sufragadas mediante fondos públicos de la Generalitat de Cataluña) se han redoblado los últimos meses ante la cercanía de las elecciones convocadas por Mas en clave plebiscitaria. Hasta el pasado mes de mayo, la Comunidad ejercía de frontera del independentismo. Sin embargo, la composición del nuevo gobierno valenciano ha alimentado el debate sobre las señas de identidad. Las declaraciones del conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, en las que se mostraba favorable a las tesis de los Países Catalanes (llegó a decir en septiembre del año pasado que «sin Valencia no habrá independencia») abren un escenario inédito desde la aprobación del Estatuto de Autonomía. Ayer, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Carolina Punset, instó al Consell a «preocuparse por los problemas reales de los valencianos en lugar de alentar el odio entre ellos y querer levantar fronteras».

En esta línea mostró su preocupación por la «deriva» nacionalista que representa Compromís, una formación que concurrió en las pasadas elecciones municipales en algunas localidades con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña.

De hecho, en el ámbito local los gobiernos de izquierdas en municipios como l’Alcora, Sagunto o Sueca ya han marcado distancias con los símbolos españoles (en un modelo que emula al catalán) y han ocultado la bandera de España en las dependencias oficiales o han vetado la interpretación del himno nacional en las procesiones de las fiestas patronales.

Debate económico

Más allá del debate de los símbolos y de la terminología, el pulso secesionista entablado por las formaciones políticas catalanas pone en riesgo unos intereses económicos fraguados durante décadas entre ambas regiones.

De hecho, Cataluña es el principal cliente de las empresas de la Comunidad Valenciana y viceversa. De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Predicción Económica (Ceprede), los catalanes adquieren productos valencianos por un importe de 4.394 millones de euros anuales, lo que supone el 17,6 por ciento del monto total de sus compras en toda España, según un estudio que analiza el promedio de la serie histórica entre 1995 y 2012, justo antes de que Mas activara el proceso soberanista. Con todo, el saldo comercial entre ambas regiones resulta claramente favorable para Cataluña, que vendió 7.228 millones a la Comunidad Valenciana (más del treinta por ciento de las importaciones de la región al resto de autonomías españolas). De esa forma, siempre de acuerdo con el informe de Ceprede, el superávit para los intereses catalanes se sitúa en los 2.720 millones de euros.