El escándalo de las prejubilaciones falsas destapado en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados en la Consejería de Empleo desde 2001 a 2009 ya ha alcanzado al menos a tres cargos socialistas. Además de al ex director general de Trabajo durante esos años, Francisco Javier Guerrero, responsable de autorizar el pago de los despidos y subvenciones a las empresas y que fue detenido y puesto en libertad con cargos, ayer se conoció que un ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosendo, figura en la última relación de falsos prejubilados detectados por la Consejería de Empleo.

Algunas fuentes incluyen en esta lista de 37 nuevos casos -que la Junta entregó ayer a los tribunales- a un ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla y a familiares de otros cargos socialistas, que también pudieron haberse beneficiado, o alguien en su lugar, de una prejubilación sin tener derecho a ella. La Junta destinó durante los años mencionados 647 millones de euros para ayudar a las empresas en crisis, beneficiando a seis mil trabajadores.

El Gobierno andaluz daba de algún modo ayer la razón a la investigación policial. Los casos averiguados durante la instrucción del ‘caso Mercasevilla’ no eran aislados, sino que formaban parte de una trama dedicada a colocar nombres ajenos a las empresas en los ERE, unas veces como ‘hombres de paja’y otras como auténticos beneficiarios. La jueza Mercedes Ayala, que instruye todo el ‘caso Mercasevilla’, ha imputado al menos a siete personas por estos hechos.
La Junta dice que quiere «llegar hasta el final» caiga quien caiga en este asunto. «No se va a parar en personas que estén vinculadas», afirmó ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en referencia a la posible implicación de cargos socialistas. La portavoz de la Junta fue la encargada de informar tras el Consejo de Gobierno que este se personará como parte perjudicada en los tribunales y avanzó que la Consejería de Empleo presentaría en la tarde en el Juzgado de Ayala, el número 6 de Sevilla, más datos para colaborar en la investigación: un listado con 37 falsos prejubilados descubiertos en 12 empresas.

Se trata de las conclusiones de una investigación interna iniciada en noviembre a raíz de los dos primeros supuestos fraudes, los del ERE de Mercasevilla de 2007, en los que un ex cargo socialista de Jaén, Antonio Garrido Santoyo, y una vecina de Sevilla, Carmen Fontela, aparecían como prejubilados del mercado mayorista sin haber trabajado nunca en él.
Investigación sin acabar

En el atestado de la Policía Judicial de Sevilla remitido a la juez en enero se daba a conocer otro posible fraude en la textil malagueña Hitemasa. En el ERE de esta figuraba como beneficiario Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT, considerado por la policía uno de los ‘conseguidores’ en la trama.

La investigación en 30 de los 45 expedientes de regulación de empleo vivos que ha destapado los 37 nuevos casos está «sin acabar», explicó Moreno. Esta no quiso dar los nombres de las empresas o personas afectadas para no perjudicar su defensa, aunque no descartó que hubiera cargos socialistas en el listado como había denunciado el PP.

Poco después otras fuentes soplaban algunos nombres, entre ellos el de Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso desde 1987 a 1995 y desde 1999 a 2007. Este declaró ‘El Mundo digital’ que no tenía nada que ver con ningún ERE. El Pedroso es el municipio en el que también fue alcalde el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero.

Mar Moreno circunscribió todas las irregularidades destapadas a la época en que Guerrero fue director general. En su declaración a la policía, Javier Guerrero mencionó que las ayudas a las empresas en crisis provenían de un fondo no reglado, que él llamó ‘fondo de reptiles’. La policía cree que Guerrero inventó un «nuevo sistema» de reparto de las ayudas a través del Instituto Andaluz de Fomento (IFA), posteriormente IDEA, para evitar controles y fiscalización, según consta en el atestado enviado a la jueza.

Mar Moreno dedicó buena parte de su intervención ayer a explicar con ejemplos e informes que el fondo dedicado por la Junta para ayudar a las empresas es «legal y público» en contra de la versión del ex director general. Aunque una cosa es el dinero presupuestado para las ayudas y otra el procedimiento para darlas.

Disconformidad de Hacienda

En este sentido, Moreno admitió que la Intervención General de Hacienda emitió en 2005 un informe «no vinculante» en el que mostraba su «disconformidad» con el procedimiento utilizado para pagar el dinero a las empresas. La consejera respondió que no se hizo caso al informe por decisión «política y técnica» del director general de Trabajo. Es decir, atribuyó toda la responsabilidad a Guerrero.

Pese a ello, Moreno asegura que no ha habido falta de control por el Gobierno, sino que alguien «se ha saltado los controles para beneficiarse de fondos públicos». La consejera, que también anunció que se pedirá a la Cámara de Cuentas que fiscalice todas las ayudas a las empresas en crisis, insistió en que la Junta se encuentra «a la ofensiva desde el minuto uno» en este escándalo, cuya gravedad admitió.