Ignacio Pozo*.- La huelga general convocada para el 11 de noviembre por sindicatos e impulsada por partidos de la izquierda y extrema izquierda, solo pretenden modificar los malos resultados electorales que se les adjudican a esos partidos, y vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una nueva regularización legal, y de su obligado cumplimiento al ser a todas luces insuficientes la actual.

Es esta huelga una huelga política y contraproducente, que pretende violentar el proceso electoral rayando los límites del derecho constitucional, polarizando a la sociedad, ya de por sí muy radicalizada, y que se hace extrañamente contra la los partidos políticos de la oposición que no tienen, ni han tenido en los últimos siete años, competencia alguna sobre vivienda y mejoras salariales de los trabajadores, reclamaciones que son el eje de la convocatoria. Más aun con el reciente y luctuoso acontecimiento del accidente ferroviario de Urda con casi 70 fallecidos.

Así el presidente de la CEOE, Garamendi, señalaba con acierto que al haberse convocado a días de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, el paro busca «influir en el devenir electoral» y carece de una contraparte institucional clara para negociar.

Abundando en ello, como anteriormente escribía, el gobierno es el único responsable de los motivos que se alegan por los convocantes para esa huelga, que incluso los “endulzan” en función de que partido gobierna en ciertas comunidades autónomas, confirmando aún más la relación o “correa de transmisión” existente de sindicatos de clase con ciertos partidos políticos que les favorecen extraordinariamente de distintas formas.

En cualquier caso, paralizar la actividad económica «no construye viviendas» y pone en peligro la productividad, y la propia evolución salarial de los convenios colectivos.

Históricamente desde aquella huelga de transportes de 1.991 que dejó desabastecida los mercados españoles, haciendo peligrar toda el sistema económico del país y subiendo artificialmente los precios de productos de primera necesidad, se viene hablando de la necesidad de la regulación del derecho de la huelga. Los sindicatos proponen autorregularla ellos mismos, los patronos limitarla y los gobiernos no se atreven a “tocarla” por la conflictividad que les conllevaría, mientras tanto los ciudadanos –como siempre- seguimos padeciéndola.

El hecho de que el artículo 28 de nuestra Constitución garantice el derecho a la huelga no es óbice para que se inviertan los términos de su regularización y se prostituyan los intereses de los trabajadores con los intereses políticos de algunos sindicatos, y se extrapolen los foros de su discusión o negociación a la calle, sufriendo la ciudadanía sus consecuencias y poniendo en peligro sin garantía alguna, en este caso, un derecho de todos: el de movimiento individual o colectivo de individuos o servicios.

La huelga legal, como el cierre patronal, son dos situaciones extremas que no deberían ser deseables por sus promotores, y solo debe ser utilizada cuando no se encuentra otra salida para dirimir sus diferencias, y siempre continuando en la búsqueda de soluciones a través de la autoridad administrativa o judicial, respetando, en primer término los servicios mínimos. La huelga salvaje o política, en cambio, es la salida irracional de los intolerantes que minoritariamente tratan de imponer sus intereses políticos a los de la mayoría de la colectividad, chocando frontalmente con el fundamental de los principios democráticos: el respeto y la libertad de los demás.

La huelga salvaje, arropada por elementos extremistas que aprovechan para el saqueo y el terrorismo callejero, como los violentos acontecimientos vividos recientemente en Bilbao o Barcelona, es el exponente de la intolerancia y tiranía, y necesita, sin preámbulos ni dilaciones, una prohibición expresa para que hechos como recurrentemente suceden no se repitan jamás. Sera el éxito de los trabajadores, de los sindicatos, de los empresarios y de los propios ciudadanos.

Como decía Jaun-Paul Sartre, y razón no le faltaba, “mi libertad termina donde empieza la tuya”.

*Abogado