La movilización que el Gobierno y la izquierda trataron de impulsar a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal y los sucesos posteriores, lejos de alumbrar un nuevo 15-M favorable a sus intereses electorales, ha terminado alentando a movimientos minoritarios, violentos y marginales. La crisis de la vivienda es innegable, pero las protestas han dejado al descubierto las contradicciones de un Gobierno y unos socios, cuya gestión ha agravado con sus políticas.

La criminalización de los propietarios ha encontrado pronto sus límites cuando algunos de quienes la promueven han quedado retratados como propietarios y han agravado el problema del alquiler. La acampada de Sol, además de un problema de salud pública, se ha convertido en un escenario de violencia y hostigamiento contra quienes piensan distinto. El matonismo se extiende por el país, desde las agresiones a reporteros y ciudadanos hasta los episodios de ‘kale borroka’ en Pamplona y los intentos de ocupar espacios universitarios. Esta deriva constituye una preocupante normalización de la violencia callejera que evoca los peores episodios de la historia reciente.

La Coruña, una ciudad pacífica, burguesa, tranquila, famosa por Zara, por la plaza de Lugo, por el Dépor… pues ayer se convirtió en una sucursal de una banlieue francesa. Un nutrido grupo de energúmenos se enfrentó a la policía por la mañana y por la noche provocaron un despliegue de violencia con barricadas, quema de contenedores y lanzamiento de objetos contra los antidisturbios. Dejaron una tienda de Zara ardiendo: todo muy francés, una violencia muy chocante. La excusa de la protesta era la presencia de Santiago Abascal en un acto electoral.

Sin embargo, lo ocurrido va más allá de un sabotaje antidemocrático a los actos de Vox, porque cuando se produjeron los disturbios, Vox ya se había ido de la plaza. La excusa es lo de menos; cualquiera vale para llevar a cabo la estrategia de fondo, que es incendiar las calles. Lo de ayer en A Coruña no fue algo espontáneo.

Esa frase demuestra que la afirmación «no habrá paz en las calles» formulada por una diputada de extrema izquierda en Madrid no era un calentón de boca, sino un anuncio o, como interpretó Díaz Ayuso, una amenaza. Esta violencia forma parte de una estrategia electoral. La ultraizquierda, aquí al igual que en Francia, Italia o Albania, está llevando a cabo una estrategia de desestabilización social a través de la violencia callejera que irá a más hasta llegar a la huelga general.

Una huelga convocada sin vergüenza alguna contra la oposición por orden del Gobierno para que sea una jornada de violencia generalizada. Ese día hay que ir a trabajar todos, especialmente a primeras horas. Cabe preguntarse si tenemos ministro del Interior o ha huido.

¿A qué espera, a que manden a un agente a la UCI de una paliza? ¿Va a permitir el Gobierno que todos los actos electorales de Vox acaben saboteados por hordas? ¿A quién se le ocurre autorizar dos concentraciones de distinto signo político en el espacio cerrado de la plaza de María Pita? Y lo peor es que esta violencia de encapuchados de extrema izquierda no ha recibido ni una sola condena por parte de la izquierda, e incluso algún ministro se ha permitido criticar la actuación policial. Recuerden aquello de «necesitamos tensión, mucha tensión»; pues aquí la tienen.