Plaza de toros en Cali.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia abre una nueva ventana para la tauromaquia. No significa, ni mucho menos, que la prohibición quede derogada de forma inmediata, pero sí cambia el clima político de un país donde el toreo parecía condenado a desaparecer por ley.

La Ley 2385 de 2024 sigue vigente. Esa es la realidad. Una norma que fijó el final de las corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas y tientas tras un periodo de transición, y que además fue avalada por la Corte Constitucional. Por eso, cualquier intento de revertirla tendrá que hacerse desde el rigor: con mayoría parlamentaria, con una propuesta jurídica sólida y con un discurso capaz de ir mucho más allá de la simple reacción emocional.

Pero la política, en ocasiones, también abre rendijas. Y en Colombia esa rendija vuelve a dejar pasar algo de luz. El cambio en la Casa de Nariño puede devolver al debate taurino una mirada menos cerrada, más equilibrada y más respetuosa con una realidad que durante demasiado tiempo ha sido simplificada hasta el extremo.

Porque hablar de toros en Colombia no es hablar únicamente de lo que sucede en una plaza. Es hablar del campo, de las ganaderías, de los oficios, de las familias, de las ferias, de las ciudades que han construido parte de su identidad alrededor de una tradición arraigada. Es hablar de una cultura que no puede reducirse a una consigna ni resolverse desde el prejuicio.

El mundo del toro, eso sí, no debe confundirse. Este nuevo escenario no invita al triunfalismo, sino a la responsabilidad. La tauromaquia colombiana tiene ahora la obligación de defenderse con altura, con argumentos y con serenidad. No basta con reclamar libertad: hay que explicar por qué esa libertad forma parte de una sociedad plural. No basta con hablar de tradición: hay que demostrar que esa tradición sigue viva, que genera riqueza, que conserva un ecosistema único y que pertenece a muchas personas que también merecen ser escuchadas.

Una democracia madura no debería solucionar sus debates culturales por la vía de la prohibición. Puede regular, exigir, ordenar y fiscalizar. Pero borrar una expresión cultural con historia y arraigo supone cerrar una puerta al diálogo. Y cuando se prohíbe una cultura, no solo desaparece un espectáculo: se debilita también la libertad de quienes la viven, la sostienen y la sienten como propia.

Colombia tiene ahora la oportunidad de corregir el rumbo. No para imponer los toros a nadie, sino para permitir que sigan existiendo allí donde forman parte de la vida de un pueblo. La defensa de la tauromaquia no debe plantearse contra nadie, sino a favor de algo: de la libertad cultural, del mundo rural, del respeto a la tradición y del derecho de una afición a no ser silenciada por decreto.