EP.- Ceuta lleva desde el 30 de julio viviendo con una sensación que empieza a resultar insoportable: no hay tregua. Un día es un robo, al siguiente una pelea, después un apuñalamiento, una agresión sexual, un allanamiento o cualquier otro incidente que vuelve a colocar la seguridad en el centro de la conversación. No hace falta exagerar ni alimentar rumores. Los propios datos oficiales describen una situación excepcional: entre el 30 de julio y el 10 de septiembre, el 112 gestionó 7.073 expedientes relacionados con la seguridad ciudadana, un 532,6 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Y detrás de los números hay personas. Hay vecinos que han sufrido robos y agresiones, agentes que han resultado heridos y mujeres que han tenido que acudir a un juzgado. El dato más estremecedor es difícil de ignorar: entre el 30 de julio y el 14 de septiembre se abrieron en Ceuta 37 procedimientos por agresión sexual, con 39 víctimas, 14 de ellas menores. Son diligencias judiciales —no significa que todos los hechos hayan terminado acreditados ni que todos tengan el mismo contexto—, pero semejante cifra debería bastar para comprender que esto no puede despacharse como una simple percepción ciudadana.

Porque mientras desde los despachos se discute sobre términos, competencias y responsabilidades, el ciudadano vive a pie de calle. El 112 contabilizó en apenas 43 días 1.357 expedientes por agresiones y 837 por allanamientos de morada. Incluso descontando los asuntos clasificados específicamente como Extranjería, los expedientes pasaron de 1.070 en 2025 a 4.992 este año. Eso no es una impresión ni un comentario de barra de bar: son datos del servicio público de emergencias.

Ceuta ha demostrado durante décadas que sabe convivir, acoger y ayudar cuando hace falta. Precisamente por eso resulta injusto exigir a sus vecinos que además normalicen lo que no es normal.

Han pasado casi dos meses desde aquel 30 de julio y Ceuta necesita recuperar algo tan sencillo como la normalidad. Poder caminar de madrugada, abrir un negocio, llevar a los niños al colegio o regresar a casa sin que cada nuevo incidente vuelva a encender todas las alarmas. La seguridad no es de izquierdas ni de derechas, ni debería convertirse en una batalla de relatos. Es un derecho. Y los ceutíes tienen exactamente el mismo derecho a ella que cualquier ciudadano del resto de España.