Manuel Recio Abad.- Hay imágenes que duelen. Es indiferente que detrás de ellas haya una sentencia y una ley que la ampare. Ver a una mujer de 87 años abandonar en camilla la vivienda en la que llevaba prácticamente toda su vida no puede resultar agradable a nadie. Mari Carmen había vivido allí durante setenta años, había hecho de aquellas paredes su casa, había envejecido en ellas y había pagado durante décadas su renta. Es perfectamente comprensible, por tanto, la emoción que ha provocado su lanzamiento.

Pero una cosa es la emoción y otra analizar por qué hemos llegado hasta aquí.

El contrato de aquella vivienda procedía de 1956. Lo había firmado el padre de Mari Carmen, después se produjo la subrogación de su madre y posteriormente la de ella. Y aquí aparece un dato que conviene recordar antes de señalar culpables: la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada durante el Gobierno socialista de Felipe González, estableció límites a las sucesivas subrogaciones de aquellos antiguos contratos de renta. Los tribunales han aplicado esa legislación y finalmente han reconocido el derecho de la propiedad a recuperar la vivienda.

Por tanto, podemos lamentar profundamente la imagen de Mari Carmen saliendo en camilla de su casa y, al mismo tiempo, aceptar que existe un propietario que también tiene sus derechos.

Y es aquí donde creo que estamos equivocando muchas veces el debate sobre la vivienda.

Si una mujer de 87 años, después de setenta viviendo en la misma casa, se encuentra en una situación económica que le impide afrontar un alquiler acorde con las condiciones actuales, evidentemente hay un problema social que resolver. Pero ¿quién tiene que resolverlo?

¿El propietario del piso?

Yo creo que no.

La protección de nuestros mayores, de las familias vulnerables o de cualquier ciudadano que no pueda acceder a una vivienda digna corresponde al conjunto de la sociedad y, fundamentalmente, a las administraciones públicas. Para eso pagamos impuestos y para eso existen las políticas sociales. Si Mari Carmen necesitaba permanecer en aquella vivienda, podían haberse estudiado ayudas al alquiler, una compensación al propietario, una vivienda pública alternativa o cualquier otra fórmula que permitiera protegerla sin privar indefinidamente al propietario de sus derechos.

Porque el propietario también existe. Parece una obviedad, pero a veces da la impresión de que lo olvidamos. Detrás de una vivienda alquilada no siempre hay un gran fondo de inversión ni una sociedad con miles de pisos. En España buena parte de las viviendas en alquiler pertenecen a particulares, personas que compraron una casa con sus ahorros, que la heredaron de sus padres o que decidieron invertir en ella el fruto de muchos años de trabajo.

Y esas personas necesitan seguridad.

España tiene un problema gravísimo de vivienda y necesita muchas más casas y pisos en alquiler, especialmente para los jóvenes, las familias con ingresos medios y quienes no pueden comprar. Pero para que haya viviendas en alquiler tiene que haber propietarios dispuestos a ponerlas en el mercado.

Y si cada vez que alguien contempla la posibilidad de alquilar una vivienda piensa que puede llegar un momento en el que resulte extraordinariamente difícil recuperarla, disponer de ella o adaptar una relación contractual nacida hace décadas a una realidad completamente distinta, no debería extrañarnos que termine diciendo: prefiero no alquilar.

Cuando esa decisión la toma un propietario no ocurre gran cosa. Cuando la toman miles, tenemos un problema. Desaparece la oferta, aumenta la competencia entre quienes buscan casa y los precios se disparan. Después nos sorprendemos de que encontrar un alquiler razonable se haya convertido en una odisea.

Naturalmente, sería absurdo atribuir todos los problemas del alquiler a esta cuestión. Faltan viviendas, falta suelo finalista disponible a precios razonables, falta vivienda pública, existen problemas de salarios, costes de construcción y financiación y llevamos demasiados años sin una política de vivienda capaz de anticiparse a la realidad. Pero tampoco podemos pretender aumentar la oferta mientras transmitimos al propietario la sensación de que poner una vivienda en alquiler significa asumir riesgos que después tendrá enormes dificultades para resolver.

Nos repiten constantemente que la vivienda es un derecho. Y lo es: la propia Constitución reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero una cosa es proclamar un derecho y otra conseguir que pueda ejercerse. En la España de hoy, acceder a una vivienda asequible se está convirtiendo para demasiadas personas en un privilegio. Y seguirá siéndolo mientras no exista una política de vivienda de verdad, dirigida fundamentalmente a conseguir algo bastante elemental: poner muchas más viviendas asequibles a disposición de la sociedad. Para cuando la reducción de impuestos?.7

No se resuelve el problema solamente escribiendo leyes, limitando precios o multiplicando prohibiciones. Hay que producir vivienda, movilizar suelo, agilizar el urbanismo, promover vivienda protegida y asequible, aumentar el parque de viviendas en régimen de arrendamiento pp o alquiler y ofrecer seguridad suficiente para que quien tiene una vivienda vacía encuentre razones para alquilarla en lugar de razones para mantenerla cerrada. Sin oferta suficiente podremos discutir durante años sobre el derecho a la vivienda, pero ese derecho seguirá chocando contra la misma realidad: no habrá viviendas asequibles suficientes para quienes las necesitan.

Y quizá ahí esté el verdadero fracaso de la historia de Mari Carmen.

El fracaso no es que Mari Carmen haya vivido setenta años en aquella casa. Ojalá hubiera podido terminar allí sus días si ese era su deseo. Tampoco puede considerarse culpable al propietario por acudir a los tribunales para recuperar un inmueble que le pertenece cuando la propia ley reconoce su derecho a hacerlo.

El fracaso es que hayamos conseguido enfrentar a una anciana de 87 años, que abandona en camilla la casa en la que ha transcurrido prácticamente toda su vida, con el propietario de esa vivienda, cuando quien debería haberse situado mucho antes entre ambos era la Administración.

Mari Carmen necesitaba protección. El propietario necesitaba seguridad jurídica. Una sociedad avanzada debería ser capaz de garantizar ambas cosas.

Porque el derecho a una vivienda digna es demasiado importante para convertirlo en una obligación que deba soportar individualmente el ciudadano que tuvo la ocurrencia de poner su piso en alquiler.

Protejamos a Mari Carmen. Por supuesto.

Pero no obliguemos al propietario de su casa a convertirse en los servicios sociales del Estado.