¿Cuántas películas más tenemos que ver para comprender que el narcotráfico no empieza en el muchacho que conduce una narcolancha por el Estrecho a velocidades que pueden alcanzar los 60 nudos, unos 110 kilómetros por hora sobre el mar, ni en el que se echa una petaca a la espalda y corre por una playa de Cádiz o de Huelva? Esos son los últimos eslabones, los más visibles, los que terminan esposados delante de una cámara y, probablemente, los más fáciles de sustituir.

El hachís no se planta solo, no se transforma solo, no se almacena solo, no compra embarcaciones ni motores, no contrata pilotos, no prepara vehículos en las playas, no organiza comunicaciones y tampoco blanquea los millones que genera. Para que toneladas de droga atraviesen regularmente el Estrecho tiene que existir detrás una formidable estructura de producción, financiación, transporte, información y distribución. Hay hombres que cargan los fardos, naturalmente, pero también hay quienes ponen el dinero, quienes organizan y quienes mandan. A mí estos últimos me interesan bastante más.

Y los datos no son rumores. La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas continúa señalando a Marruecos como el principal proveedor de resina de cannabis del mercado europeo y a España como su principal punto de entrada. En 2023 nuestro país intervino 375 toneladas de resina, aproximadamente el 68 por ciento de toda la incautada en la Unión Europea. Estamos hablando de cientos de toneladas descubiertas, no de las que consiguieron pasar. Que cada cual saque sus conclusiones.

Hay además una contradicción marroquí difícil de digerir. Marruecos mantiene una legislación muy severa contra las drogas, castiga su tenencia, consumo y tráfico y, al mismo tiempo, de su territorio procede buena parte del hachís que abastece Europa. No voy a fingir ingenuidad. No dispongo de un documento firmado en Rabat explicando quién sabe qué, quién tolera qué o hasta dónde pueden llegar determinadas complicidades, naturalmente que no, pero los artículos de opinión no se escriben solamente sobre aquello que previamente ha quedado establecido mediante una sentencia judicial. También se escriben observando la realidad, relacionando hechos y formulando preguntas que quizá otros prefieran no hacerse.

Porque un negocio capaz de producir y colocar semejantes cantidades de mercancía, mover centenares de millones, mantener durante décadas rutas estables y disponer de una infraestructura logística extraordinaria no puede analizarse únicamente mirando al hombre que conduce la lancha. Si queremos combatir realmente el narcotráfico habrá que mirar hacia arriba, investigar el dinero, las estructuras económicas, las sociedades utilizadas para blanquearlo, las posibles corrupciones y todas las complicidades que aparezcan, estén donde estén y afecten a quien afecten.

Y en ese «afecten a quien afecten» incluyo también las estructuras de poder. La Monarquía alauita ocupa el vértice institucional de Marruecos y precisamente por la dimensión que tiene este fenómeno no puede existir ningún ámbito previamente excluido de una investigación seria. Eso no significa acusar al rey de Marruecos ni a su entorno de participar en el narcotráfico sin pruebas, significa exactamente lo contrario: investigar hasta donde conduzcan las pruebas, sin detenerse por la relevancia política, económica o institucional de las personas que eventualmente pudieran aparecer en una investigación.

Y quizá haya llegado el momento de hacerse una pregunta todavía más incómoda: ¿es el narcotráfico procedente de Marruecos solamente un problema de delincuencia organizada o deberíamos contemplarlo también como un problema de seguridad nacional? Vivimos hablando de guerras y amenazas híbridas, formas de presión que ya no necesitan necesariamente tanques, soldados o cañones, sino que aprovechan las vulnerabilidades del vecino, tensionan sus fronteras, consumen sus recursos y generan inestabilidad. España conoce perfectamente la importancia que tienen en su relación con Marruecos cuestiones como la inmigración, el control fronterizo, la cooperación antiterrorista o la colaboración policial, ¿por qué excluir de ese análisis el narcotráfico?

No afirmo que exista una orden de Rabat para inundar España de hachís porque no tengo pruebas para afirmarlo, pero sostengo que sería una enorme ingenuidad estratégica negarse siquiera a estudiar el fenómeno desde esa perspectiva. Cuando toneladas y toneladas de droga procedentes de un país atraviesan durante años una frontera, cuando detrás existen organizaciones con extraordinarios recursos económicos y cuando ese mismo país resulta imprescindible para combatir el tráfico, la cuestión deja de ser exclusivamente policial y adquiere inevitablemente una dimensión política, económica y de seguridad nacional.

Marruecos es nuestro vecino y debe ser nuestro socio, precisamente por eso España tiene derecho a exigirle una cooperación absoluta. Amistad no significa sumisión, cooperación no significa silencio y diplomacia no significa cerrar los ojos. Si queremos una relación adulta entre dos Estados tendremos que ser capaces de decirnos también aquello que incomoda y, si desde territorio marroquí continúa saliendo buena parte del hachís que termina en Europa, España y la Unión Europea tienen derecho a exigir resultados, explicaciones y colaboración hasta las últimas consecuencias.

Pero sería demasiado cómodo mirar únicamente hacia la otra orilla y olvidar nuestros propios errores. Y aquí aparece una decisión que sigo sin comprender: OCON-Sur.

El Ministerio del Interior sostiene que aquella unidad, creada en 2018 con carácter temporal para combatir el narcotráfico, no fue sencillamente abandonada, sino que sus equipos terminaron integrándose a finales de 2022 en las estructuras permanentes de las comandancias. Esa es la explicación oficial y debe conocerse. Pero también debe conocerse que el general de brigada Manuel Contreras, antiguo máximo responsable de la Guardia Civil en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha calificado públicamente su desmantelamiento como un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico y ha recordado la eficacia que alcanzó frente a numerosas organizaciones criminales. Ahora, además, el presidente de la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno su recuperación y desde el Ejecutivo andaluz se ha denunciado públicamente la falta de respuesta a esa petición.

Pues respondan.

No porque lo pida Juanma Moreno, ni porque tenga que ganar una discusión el Partido Popular o perderla el Partido Socialista. Respondan porque estamos hablando de narcotráfico, crimen organizado, blanqueo de capitales y seguridad de España, asuntos que deberían estar bastante por encima de cualquier partido. Y responda también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque cuando una decisión de su Ministerio es cuestionada por responsables que han conocido sobre el terreno esta lucha y se reclama desde Andalucía la recuperación de aquella capacidad especializada, lo mínimo que merece la sociedad es una explicación convincente.

Mi posición es clara: OCON-Sur tiene que volver. Llámese OCON-Sur o como quiera bautizarla el Ministerio, pero a comienzos de 2027 España debería disponer en el sur de una estructura especializada plenamente operativa, con mando definido, estabilidad, inteligencia, investigación patrimonial, medios marítimos y aéreos, tecnología y todos los efectivos humanos necesarios. Una organización criminal que mueve millones no puede encontrarse enfrente a un Estado limitado por burocracias, competencias o discusiones administrativas.

Pero tampoco basta con proporcionar embarcaciones, helicópteros, radares, vehículos o más agentes. Hay otra herramienta que a veces olvidamos: la ley. Podemos poner al mejor investigador delante de una organización criminal, pero si después convertir sus investigaciones en pruebas válidas se convierte en una carrera de obstáculos habremos hecho solamente la mitad del trabajo.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 reguló con mucho mayor detalle las investigaciones tecnológicas y sometió determinadas medidas a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Garantizar los derechos fundamentales es irrenunciable en una democracia, pero después de más de una década de experiencia resulta perfectamente legítimo preguntarse si determinadas exigencias procesales están dificultando innecesariamente investigaciones contra organizaciones que manejan comunicaciones cifradas, enormes recursos económicos y estructuras internacionales. Si es así, habrá que corregirlas. La ley tiene que proteger al ciudadano frente a los abusos del Estado, naturalmente, pero tampoco puede terminar protegiendo involuntariamente al delincuente frente a la investigación del Estado.

Y habrá que estudiar también el Código Penal. Actualmente ya existen penas agravadas cuando el tráfico de drogas se realiza dentro de una organización criminal y todavía mayores para sus jefes, encargados o administradores. Pero una ley no debe juzgarse solamente por los años de prisión escritos sobre el papel, sino por su capacidad real para desarticular una organización, privarla de su patrimonio y conseguir que una investigación termine en una condena efectiva. Habrá que analizar las penas, sí, pero también el decomiso del dinero, el blanqueo, la reincidencia, los beneficios penitenciarios y la jurisprudencia que durante décadas ha ido determinando qué pruebas son admisibles, qué actuaciones policiales son válidas y cuáles terminan anulándose.

Y hay algo todavía más elemental: protección jurídica para quienes están en primera línea. No podemos pedirle a un guardia civil que se enfrente de madrugada, en una playa o en mitad del Estrecho, a organizaciones que disponen de embarcaciones potentísimas, vehículos, dinero y personas dispuestas a utilizar la violencia y después dejar al agente con la sensación de que cada decisión tomada en unos segundos puede convertirse durante años en un problema judicial para él. Exigir proporcionalidad y respeto absoluto a la ley es imprescindible; proporcionar seguridad jurídica a quien tiene que aplicarla en condiciones extremas también lo es.

Y sobre todo hay que cambiar el objetivo. No podemos conformarnos con detener al último eslabón, hay que seguir el dinero, averiguar quién financia las operaciones, quién compra las embarcaciones, quién proporciona la logística, quién dispone de información, quién introduce los beneficios en circuitos aparentemente legales y quién está sentado varios escalones por encima del muchacho que arriesga la vida navegando a 60 nudos por el Estrecho. Detener al piloto es necesario, detener al dueño del negocio es imprescindible.

Tengo un enorme respeto por los hombres y mujeres de la Guardia Civil que llevan años librando esta batalla. Precisamente por ese respeto creo que nuestra obligación no consiste únicamente en felicitarlos cuando aparecen detrás de una montaña de fardos incautados, sino en proporcionarles todos los medios necesarios para que puedan llegar mucho más arriba. Y cuando digo todos los medios ya no hablo solamente de hombres, embarcaciones o tecnología: hablo también de leyes eficaces, herramientas de investigación y protección jurídica. Cada tonelada decomisada es un éxito policial, por supuesto, pero también constituye la prueba física de que detrás existía una organización capaz de producirla, financiarla, transportarla y llevarla hasta nuestras costas.

Quizá haya llegado el momento de cambiar la pregunta. Cuando volvamos a ver una fotografía de una narcolancha intervenida y varias toneladas de hachís extendidas en el suelo, además de preguntar cuántos detenidos hay, preguntemos quién pagó aquella droga, quién organizó el transporte, quién proporcionó la información, dónde iba a terminar el dinero y quién estaba esperando los beneficios.

Porque una narcolancha puede ser incautada, un piloto puede ser detenido y mañana aparecerán otra lancha y otro piloto. Mientras continuemos golpeando principalmente la parte inferior de la organización, quienes verdaderamente controlan el negocio podrán seguir sustituyendo piezas.

El hachís no conduce solo.

Y mientras no lleguemos hasta quienes llevan realmente las manos en el volante de este gigantesco negocio, seguiremos deteniendo peones mientras otros continúan jugando a ganar la partida.