Los españoles asisten con estupor a una sucesión de tragedias que no pueden explicarse solo por la fatalidad. Las recientes catástrofes en Valencia y Andalucía, con decenas de víctimas mortales, han puesto en evidencia algo que muchos expertos llevan años advirtiendo: el abandono sistemático de las infraestructuras básicas del país por parte del Gobierno. La falta de inversión en obras hidráulicas, el deterioro de presas y pantanos y la ausencia de planes de mantenimiento en la red viaria y ferroviaria han convertido episodios previsibles en dramas humanos evitables con una alarmante degradación de la seguridad.

La desidia, la mala gestión y la corrupción ya no pueden ocultar los descarrilamientos, cortes de carreteras, colapsos y protestas de usuarios, que se suceden mientras el Ejecutivo parece más preocupado por el relato que por la realidad. A ello se suma el lamentable estado de la red eléctrica, incapaz de absorber nuevos proyectos industriales o de vivienda y gestionada sin una estrategia energética coherente. El reciente apagón total y los reiterados amagos vividos en las últimas semanas han demostrado la fragilidad del sistema. Paradójicamente, el Gobierno se ha visto obligado a recurrir a la energía nuclear que tanto denosta y a paralizar la industria. Es un hecho que el caos ya trasciende fronteras.

La prensa internacional recoge con asombro el deterioro de los servicios esenciales en España y hasta la embajada de Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje ante las «graves interrupciones del transporte. El daño reputacional es enorme para un país que recibe cerca de 100 millones de turistas al año. Pero más grave aún es el miedo instalado entre los ciudadanos, una sensación de vulnerabilidad ante la percepción de que cualquier desgracia puede repetirse. La incompetencia en la gestión de las infraestructuras es ya una cuestión de seguridad pública. Si fallan las infraestructuras, se quiebra la confianza y esta no se recupera con horas de protagonismo del ministro Puente.