La ministra Sira Rego renuncia a la reagrupación familiar y avisa: «La mayoría de los menores de Ceuta se quedará en España»
La crisis de los menores inmigrantes no acompañados llegados a Ceuta a finales del pasado mes de julio suma un nuevo capítulo de tensión política y legal entre el Gobierno de España y ceutí. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado en una entrevista en la Cadena SER que el Gobierno central ultimará «en cuestión de días» los primeros expedientes de reagrupación familiar. Sin embargo, la titular del área ha dejado clara la realidad del proceso: la amplia mayoría de los niños quiere quedarse en España e, independientemente de la vía administrativa, «se van a quedar».
«Hay una ley que les protege porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, no importa la nacionalidad ni el origen de un niño: tienen protección universal y todos son iguales ante la ley», ha defendido la ministra, arremetiendo duramente contra «la banalización del mal» que considera que se está imponiendo en el debate migratorio.
El giro de relato: de la repatriación al blindaje legal
Las palabras de Sira Rego certifican un giro significativo en el discurso del Ministerio de Juventud e Infancia. Si tras la avalancha de llegadas a Ceuta a finales de julio el Gobierno presentó la reagrupación familiar como el canal prioritario y definitivo para aliviar la saturación de los centros, las declaraciones de la ministra suponen ahora el reconocimiento de que dicha vía será prácticamente testimonial.
Pese a que la ministra señala que el Ejecutivo nacional ha iniciado los trámites legales de repatriación o reunión con los progenitores, las expectativas de que se materialicen retornos masivos son casi nulas.
Rego ha admitido de nuevo que la experiencia y los más de 600 expedientes tramitados antes de la avalancha estival demuestran que «no suele haber una respuesta fluida por parte de Marruecos», lo que obstaculiza directamente la ejecución de las reagrupaciones.
Además, en el procedimiento actual se ha introducido un paso garantista adicional contemplado en el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE: la obligatoriedad de incorporar un informe vinculante del representante jurídico del menor que determine si el retorno beneficia realmente al niño o vulnera sus derechos fundamentales, protegidos por el derecho internacional.
«Descarta deportaciones automáticas: ‘No importa la nacionalidad ni el origen de un niño, todos son iguales ante la ley’.
Choque con el Gobierno de Ceuta: 90 millones y el convenio bloqueado
El punto de mayor choque institucional se centra en la gestión sobre el terreno. Ante las imágenes de menores que continúan pernoctando en la calle en la Ciudad Autónoma, Rego ha declinado la apertura de nuevos espacios estatales y ha responsabilizado de forma directa al Ejecutivo autonómico que preside Juan Jesús Vivas (PP).
«Es el sistema de acogida de Ceuta el que se tiene que hacer cargo de ellos porque tienen la competencia y deben dar una solución inmediata. Tienen 90 millones de euros para ello», ha aseverado la ministra, asegurando que por parte de la Administración central toda la gestión operativa está resuelta.
El traslado a la Península, en el aire
La ministra ha lamentado lo que ha calificado como un «giro de guion» en la actitud de Juan Jesús Vivas, con quien hasta ahora aseguraba mantener una colaboración fluida.
El Ministerio de Juventud e Infancia remitió semanas atrás una propuesta formal de convenio para trasladar a 500 menores desde Ceuta a centros de acogida repartidos por la Península coordinados por entidades sociales.
Sin embargo, el Ejecutivo ceutí no ha estampado la firma al dudar del encaje legal de la derivación y exigir mayores garantías en el reparto solidario entre comunidades autónomas.
«Hemos habilitado las plazas, puesto los recursos del Estado y formulado la propuesta. Lo único que tiene que hacer la ciudad de Ceuta es firmarla: no hay ninguna razón para no aceptarlo», ha zanjado Rego.
Con más de 2.100 niños atendidos en el entorno de la ciudad autónoma y una red asistencial desbordada en más de un 400% sobre su capacidad teórica, la resolución del conflicto entre la firma del traslado peninsular y la imposibilidad práctica del retorno a Marruecos, el problema tiende a cronificarse.
