Alvise Pérez.

Una filtración de dimensiones extraordinarias ha irrumpido en el debate sobre la seguridad de España y sus relaciones con Marruecos. Un grupo de hackers identificado como Jabaroot ha difundido documentación que contiene, según sus autores, los datos de 70.381 personas vinculadas a los servicios de inteligencia y seguridad marroquíes. La información, cuya autenticidad completa todavía está pendiente de ser acreditada por las autoridades, ha provocado ya el interés de los servicios de inteligencia y una ofensiva política de Se Acabó La Fiesta.La formación de Alvise Pérez ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue el origen y el alcance de la filtración y, especialmente, si los datos permiten arrojar luz sobre la actuación de Marruecos en la crisis registrada en Ceuta. La propia formación sostiene que la documentación podría contener elementos relevantes para determinar si detrás de determinados acontecimientos existió una actuación organizada.

El número —70.381— es el elemento que más ha llamado la atención. Los documentos difundidos atribuyen las identidades a personas relacionadas con dos de los principales organismos de seguridad marroquíes: la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST) y la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN). Pero hay una cautela fundamental: que un nombre aparezca en los archivos filtrados no demuestra por sí mismo que esa persona sea un espía ni que haya cometido ninguna actividad ilícita. Se trata de una atribución contenida en una filtración cuya autenticidad y significado deben ser comprobados individualmente.

Algunas comprobaciones periodísticas han añadido interés al caso. The Objective ha cruzado parte del listado con la relación oficial de diplomáticos acreditados en España y asegura haber encontrado coincidencias con miembros de la Embajada de Marruecos en Madrid. También informa de coincidencias con vicecónsules marroquíes destinados en España. Estos cruces pueden resultar relevantes para una investigación, pero tampoco equivalen por sí solos a una prueba de espionaje.

La dimensión internacional del asunto explica buena parte de la expectación. Según El Debate, distintas empresas de ciberseguridad han intentado determinar quién está detrás de Jabaroot y han apuntado a la posibilidad de que el responsable tenga conocimientos previos del aparato de seguridad marroquí. Estas informaciones siguen siendo hipótesis sobre la identidad del filtrador, no conclusiones judiciales.

En paralelo, la denuncia de SALF se produce en un momento especialmente delicado en la relación hispano-marroquí. La reciente entrada masiva de personas en Ceuta ha llevado ya a la Audiencia Nacional a solicitar a la Policía Nacional información para determinar si aquellos acontecimientos pudieron responder a una acción concertada o dirigida por alguna organización. La jueza María Tardón pidió, entre otros extremos, información sobre quiénes pudieron participar y sobre las circunstancias de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Alvise ha situado ambos episodios dentro de una misma narrativa: la hipótesis de que Marruecos habría utilizado estructuras organizadas para influir o intervenir en acontecimientos relacionados con Ceuta. En sus canales, el líder de SALF ha presentado la actuación judicial como un paso para investigar esas acusaciones y ha afirmado que la Audiencia Nacional ha ordenado diligencias a raíz de su denuncia.

Ahora comienza la parte menos espectacular y más importante del proceso: verificar los datos. Las autoridades deberán determinar si los documentos son auténticos, de dónde proceden, cómo fueron obtenidos, qué porcentaje de las identidades corresponde realmente a miembros de organismos de seguridad y qué información adicional contienen los archivos.

La diferencia entre una filtración llamativa y una prueba judicial estará precisamente ahí. Que existan 70.381 nombres en unos archivos atribuidos a los servicios de inteligencia marroquíes constituye un hecho informativo relevante. Que esas 70.381 personas sean efectivamente agentes, confidentes o colaboradores de Marruecos es, por ahora, una afirmación que necesita ser demostrada.

La Audiencia Nacional tendrá así sobre la mesa una de las filtraciones más sensibles de los últimos años en el ámbito de la seguridad española. Y la investigación deberá responder a tres preguntas esenciales: qué se filtró, quién aparece realmente en esos archivos y qué relación, si alguna, existe entre esa estructura y los acontecimientos de Ceuta.