Hay momentos en las relaciones internacionales en los que un país debe decidir si quiere comportarse como un Estado que defiende sus intereses o como un socio dispuesto a aceptar cualquier ofensa con tal de conservar una buena relación. El ministro de Justicia marroquí ha vuelto a reivindicar públicamente Ceuta y Melilla como territorios que Marruecos pretende recuperar, mientras Rabat despliega toda su influencia internacional para quedarse con la final del Mundial de 2030.

Rabat se reserva la posibilidad de reconsiderar compras y adjudicaciones si considera que España actúa contra sus intereses, especialmente ahora que algunos partidos españoles han pedido que Marruecos sea apartado del Mundial de 2030.

Y estamos hablando de mucho dinero. Solo tres de los grandes proyectos en los que participan empresas españolas en Marruecos suman aproximadamente 1.370 millones de euros, relacionados con ferrocarriles, agua, ingeniería e infraestructuras. Parte de esas inversiones están vinculadas precisamente a la modernización que Marruecos realiza para el Mundial de 2030.

Y esto sucede después de la Marcha Azul, que dejó a la ciudad de Ceuta enfrentándose a una entrada masiva de personas procedentes de territorio marroquí y a unas consecuencias sociales, policiales y humanitarias que no desaparecieron cuando las cámaras de televisión abandonaron la frontera.

RTVE llegó a plantear abiertamente si nos encontrábamos simplemente ante una crisis migratoria o ante una forma de chantaje político, recordando además el precedente de 2021, cuando miles de personas entraron en Ceuta durante otra crisis diplomática.

Su ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha vuelto a declarar públicamente que Ceuta y Melilla son territorios marroquíes. Explicó que Marruecos seguirá reclamándolos y dialogando sobre ellos. No estamos hablando de un tertuliano. Estamos hablando de un ministro del Gobierno marroquí expresándose ante la televisión de su país.

Marruecos quiere que España sea un socio que invierta en su país, quiere nuestro dinero, nuestras empresas y nuestra colaboración europea; quiere compartir con España y Portugal la organización del Mundial de 2030 y aspira además al enorme premio político y simbólico de celebrar la final en Casablanca. Pero al mismo tiempo un miembro de su Gobierno declara que dos ciudades españolas pertenecen a Marruecos y que Rabat pretende recuperarlas. La pregunta es elemental: ¿por qué debería España ayudar a engrandecer internacionalmente a un Marruecos que quiere ocupar Ceuta y Melilla?

Mohamed VI demuestra tener una idea muy diferente de lo que significa defender los intereses nacionales. Marruecos lleva años construyendo una extraordinaria red de influencia internacional. Su última gran operación de seducción tiene nombre propio: Donald Trump. Una carretera de 1.055 kilómetros que une Tiznit con Dajla a través del Sáhara Occidental ha recibido el nombre de Donald J. Trump Highway, un homenaje evidente al presidente estadounidense que en 2020 reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

No es una anécdota poner el nombre de Trump a una carretera de más de mil kilómetros. Es diplomacia en estado puro. Marruecos identifica aquello que desea conseguir, identifica quién puede ayudarle a conseguirlo y trabaja sobre él durante años. Estados Unidos puede proporcionarle respaldo sobre el Sáhara, inversiones, armamento e influencia internacional. Trump mantiene además una relación cercana con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, precisamente cuando Marruecos libra con España la batalla por conseguir la final del Mundial de 2030.

Lo sorprendente es que España parezca avergonzarse de hacer exactamente lo mismo. Marruecos defiende sus intereses económicos, territoriales y diplomáticos sin pedir perdón. Amenaza incluso con revisar futuras adjudicaciones si considera que determinadas posiciones españolas perjudican esos intereses.

España debería defender a los suyos. Si Rabat considera legítimo utilizar sus contratos públicos en función de los “intereses superiores del Reino”, Madrid tiene el mismo derecho a defender que la final del Mundial de 2030 se dispute en España y a utilizar todos sus recursos diplomáticos para impedir que termine en Casablanca.

Después de la marcha azul sobre Ceuta, después de las reivindicaciones del ministro sobre Ceuta y Melilla y después de que fuentes gubernamentales marroquíes hayan colocado sobre la mesa los intereses de nuestras empresas, la respuesta española debería ser inequívoca: no con nuestra ayuda. No con nuestro dinero. la final del Mundial de 2030 debe quedarse en España.

No como represalia contra los marroquíes, sino como defensa de nuestros propios intereses. Porque un Estado que respeta a sus vecinos puede pedir cooperación. Un Estado que cuestiona su territorio y al mismo tiempo insinúa represalias económicas debería comprender que la cooperación española también tiene límites.

Y esos límites comienzan donde siempre deberían haber comenzado: en Ceuta y Melilla.