Defender las fronteras de España no es una opción política. Es una obligación esencial del Estado.

La Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, proclama la unidad de la Nación y encomienda la defensa de su integridad territorial. Un Gobierno puede decidir cómo protege nuestras fronteras, pero no puede decidir si las protege o no.

Una cosa es que una frontera sea vulnerada pese a los esfuerzos del Estado y otra muy distinta es la dejación consciente y reiterada de quienes tienen la obligación de defenderla.

España puede y debe ser solidaria, auxiliar al náufrago, proteger al perseguido y establecer vías legales para que la inmigración se produzca de forma ordenada y controlada. Pero solidaridad no significa, en modo alguno, renunciar a la ley.

Cuando el Estado pierde el control de sus fronteras, alguien ocupa su lugar. Y demasiadas veces son las mafias quienes deciden quién sale, cuánto paga, qué ruta utiliza y por dónde entra.

Eso no es humanitarismo. Es, sencillamente, dejación.

Ceuta, Melilla, Canarias y todas nuestras costas son España. Son también frontera exterior de Europa. Defenderlas significa proteger nuestra soberanía y nuestra seguridad.

Si pudiera acreditarse que responsables públicos han incurrido deliberadamente en una dejación ilícita de sus deberes esenciales respecto de la soberanía o la integridad territorial, no bastaría con exigir responsabilidades políticas. Habría que determinar también las responsabilidades jurídicas que correspondieran.

En términos políticos y morales podríamos estar ante una auténtica lesa patria. En términos penales, corresponde a los tribunales determinar si unos hechos concretos constituyen delito.

Porque el principio es mucho más sencillo: un país que renuncia a controlar sus fronteras empieza a renunciar a su soberanía.

Que yo sepa, ningún Gobierno ha recibido de los españoles mandato, tácito o expreso, para hacerlo.