Una multitudinaria filtración de datos de inteligencia vuelve a colocar la seguridad de Ceuta en el punto de mira. El colectivo informático Jabaroot (término traducido como “Poderío”) ha hecho públicos los registros de 70.000 efectivos de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Esta organización amenaza con una segunda remesa de archivos que acreditaría la implicación directa de Rabat en la invasión masiva de 72.000 personas registrado el 30 de julio, incluyendo órdenes internas y la posición de los agentes junto a la valla del Tarajal.

Pese a que el presidente Pedro Sánchez llegó a tildar lo ocurrido como una “violación de la integridad territorial”, el Ejecutivo español mantiene una posición institucional de extrema prudencia y rechaza incriminar directamente al país vecino. Desde La Moncloa se prioriza la condición de Marruecos como un aliado clave y leal, destacando su colaboración en las devoluciones, aunque la ciudad autónoma alberga todavía a cerca de 10.000 personas en situación irregular.

Ante unas acusaciones por el momento sin verificación oficial, España afronta una compleja encrucijada diplomática: esclarecer los hechos con absoluta reserva para no comprometer los lazos con el reino alauita o denunciar formalmente al régimen marroquí por la orquestación de la crisis.