Erik Encinas Ortega.- La imputación del expresidente socialista del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental genera un problema geopolítico que traspasa las fronteras españolas.

Desde hace unos cuantos años, algunos periodistas españoles, yendo totalmente a contracorriente de otros del gremio, investigamos tramas y establecimos contactos que vinculaban al expresidente Rodríguez Zapatero como un actor izquierdista fundamental del Grupo de Puebla y del blanqueo interesado de dictaduras comunistas como la de Cuba o Venezuela. Y lo cierto es que Zapatero se ha hecho multimillonario. Hablamos de negocios también de petróleo y oro. Lo más caro. Y tampoco le tembló el pulso para colocar en buenas posiciones a sus hijas, como por ejemplo en empresas venezolanas.

Pero lo de ahora es totalmente nuevo, porque el 19 de mayo de 2026 pasará a la historia como el día en el que, tras la muerte de Franco, se imputó por primera vez a un expresidente español, y además socialista, entrando la policía incluso en las empresas de las hijas de Zapatero. Todo ello, tras la decisión del magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, que ha citado a los tribunales al expresidente en calidad de investigado por delitos de corrupción sumamente graves y con un auto contundente, basado en pruebas muy sólidas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que sentencian a esta figura del socialismo internacional y uno de los hombres clave en la sombra de Pedro Sánchez.

Esta decisión se enmarca en la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, en la que se rastrea si fondos públicos o comisiones ilegales fueron desviados y ocultados a través de una red internacional con ramificaciones en Suiza y Francia.

Este escándalo internacional se suma a toda una serie de escándalos que afectan también al entorno más próximo del actual presidente del Gobierno español, como es el caso de su mujer y su hermano. Sin embargo, aunque hay motivos de sobra para que Pedro Sánchez dimita, el sanchismo se niega a claudicar e insiste en la idea de mantenerse en el poder hasta 2027, presionando además desde el Ejecutivo al Poder Judicial para que retire las causas, pese a que están bien argumentadas. Una situación política tremendamente preocupante que se da con un Poder Legislativo maniatado.

Es incuestionable, dados los terribles acontecimientos, que España ha consolidado un clima altamente hostil, donde la corrupción no para de incrementarse y la posibilidad de que el país se convierta en un narcoestado es ya una realidad. Por lo tanto, el mundo mira a España, pero no para bien. La reputación de las instituciones públicas y de los medios de comunicación como RTVE, que blanquean todo esto, está por los suelos. Hace falta un giro de 180 grados y que caiga quién tenga que caer, para que el país salga de un atolladero que parece no tener fin y cada día que pasa se supera.