Libertad Digital.

La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo “vida de pareja” con el expresidente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, en un hotel de Cabo de Gata (Almería) dos años después de cesarlo.

María Jesús Montero es la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. Por su parte, Vicente Fernández fue cesado como presidente de la SEPI en octubre de 2019 y el pasado mes de diciembre era arrestado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la denominada trama Sepi. Tras la detención de Fernández, Montero era preguntada al respecto en los pasillos del Congreso: la entonces ministra de Hacienda aseguraba no haber mantenido ningún contacto con él desde su cese: “Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI. Hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y, por tanto, no tengo ni idea de qué estaba haciendo este señor. Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos”.

La denuncia de un testigo presentada ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, relata la relación de “pareja” que mantuvo Montero con Fernández dos años después de su cese como presidente de la SEPI: “En el verano de 2021, pasé unos días con mi mujer en el Hotel Las Salinas de Cabo de Gata, concretamente del 16 de agosto al 19 de agosto, y durante toda la estancia estuve compartiendo hotel con la señora Montero, ministra de Hacienda, vicepresidenta primera del Gobierno de España y secretaria general del Partido Socialista en Andalucía actualmente”.

“Lo que mi mujer y yo vimos y vivimos fue una estancia de dos personas, como nosotros, con una vida de pareja normal y corriente, tanto en las instalaciones del hotel, como en el paseo marítimo colindante y en la playa frente al hotel, viendo en todo momento públicamente al señor Fernández Guerrero con la señora Montero como una pareja más, sin nada que decir ni opinar, faltaría más”, añade.

“En lo que entiendo que sí es obligación como ciudadano es desmentir con toda la realidad a mi lado el hecho de que la señora Montero niegue en todos los medios de comunicación que haya tenido ningún tipo de relación ni contacto de ningún tipo con este señor desde el año 2019, cuando fue cesado como presidente de la SEPI, por todos conocido”, destaca.

“Por todo ello entiendo que es mi obligación personal y ciudadana poner en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado los hechos vividos por no entender, si nada tuviera que ocultar, cómo se puede negar la mayor, y más de una persona de tal relevancia pública y política”, concluye. En la denuncia presentada ante la Guardia Civil, el testigo adjuntaba además diversa documentación para acreditar los hechos.

El Hotel Las Salinas está ubicado en primera línea de playa en La Almadraba de Monteleva, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). Este hotel es perfecto para parejas, familias o viajeros que buscan tranquilidad, naturaleza y playa en lugar de grandes complejos hoteleros.

Tráfico de influencias en la trama Sepi

Según ha podido saber LD, la denuncia fue archivada por la Guardia Civil al considerar que no se había cometido ningún delito. No obstante, la información que contiene está siendo analizada por la UCO para investigar un presunto delito de tráfico de influencias que salpicaría a Montero y Fernández en el marco de la trama Sepi. Esta causa aún continúa bajo secreto de sumario por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Los investigadores han podido acreditar en este caso que Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso integraban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok (que significa en euskera «los tres juntos») en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos o ayudas públicas. Además, usaban sus influencias en los ministerios de Hacienda de María Jesús Montero o para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas. Dicha influencia habría servido para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros.

Recordamos que la UCO requirió documentación en diciembre de 2025 sobre licitaciones y contratos públicos sospechosos de irregularidades o amaños. Los agentes se personaron en sedes como la Dirección General de Patrimonio del Estado, el citado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Correos y las direcciones de Transición Ecológica (Política Energética y Minas). Concretamente, se buscaban expedientes de adjudicaciones en empresas como SEPI, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras, donde supuestamente intervino la trama corrupta para influir en resoluciones o evitar impugnaciones.
Vicente Fernández, salpicado en varios casos judiciales

Vicente Fernández Guerrero ocupó el puesto de interventor general de la Junta de Andalucía y, posteriormente, fue presidente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) entre el 23 de junio de 2018 y el 4 de octubre de 2019. Fernández fue nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez cuando María Jesús Montero era ministra de Hacienda, ya que era considerado su “mano derecha” desde su época en la Junta de Andalucía. Dejó el cargo tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, donde se investigaron presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación en una adjudicación minera. Finalmente, la Audiencia Provincial de Sevilla le absolvió.

Después de su cese, Vicente Fernández fue contratado por la empresa Servinabar entre mayo de 2021 y febrero de 2023. Esta empresa de Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, es investigada en el marco de la trama Koldo. El 10 de diciembre de 2025, era arrestado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de otra causa, la denominada trama Sepi, junto a la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. Tres días después, la Audiencia Nacional dejaba a los tres detenidos en libertad con medidas cautelares después de que la Fiscalía que dirige Teresa Peramato no solicitara su prisión provisional.

Fuente: Libertad Digital