María Jesús Montero y Manuel Gavira en el debate de las elecciones en Andalucía

Ignacio Andrade.- La disposición de Vox a bloquear la gobernabilidad de Andalucía en caso de que el Partido Popular se quede a un solo diputado de la mayoría absoluta confirma una estrategia que prioriza el cálculo partidista frente a la estabilidad institucional. No se trata de una hipótesis menor: Andalucía es la comunidad más poblada de España y uno de los motores económicos del país. Convertirla en moneda de presión política tendría consecuencias directas sobre presupuestos, inversiones y servicios públicos.

Santiago Abascal y la dirección de Vox parecen asumir que cuanto mayor sea la tensión con el Partido Popular, mayor será su capacidad de movilización electoral. Pero esa lógica conduce a una política de trincheras donde gobernar deja de ser el objetivo principal. La amenaza de impedir acuerdos no busca mejorar políticas concretas para Andalucía, sino demostrar fuerza negociadora.

El precedente ya existe en otras comunidades y ayuntamientos, donde las negociaciones entre PP y Vox han derivado en bloqueos, vetos cruzados o exigencias maximalistas. Andalucía había logrado, con mayor o menor acierto, cierta estabilidad institucional durante los últimos años. Introducir una dinámica de bloqueo permanente supondría retroceder hacia la incertidumbre política que tantos costes tuvo en etapas anteriores.

Además, el mensaje es contradictorio con el discurso de responsabilidad que Vox reivindica con frecuencia. Un partido que aspira a gobernar no puede presentarse simultáneamente como garante del orden y como actor dispuesto a paralizar instituciones si no obtiene el nivel de influencia deseado. La ciudadanía vota para que los partidos gestionen, negocien y lleguen a acuerdos, no para que utilicen las instituciones como herramienta de presión.

El PP tampoco queda exento de responsabilidad. Su dependencia potencial de Vox es consecuencia de una estrategia que durante años normalizó acuerdos con alguien tan poco fiable como Abascal sin definir claramente límites políticos ni programáticos. Si se construyen mayorías apoyadas en socios imprevisibles, el riesgo de chantaje parlamentario forma parte inevitable del escenario.

Andalucía necesita estabilidad, especialmente en un contexto económico incierto y con desafíos pendientes en vivienda, sanidad, agua y empleo. Amenazar con bloquear la comunidad autónoma para maximizar rentabilidad electoral es lo que menos interesa hoy a una de las regiones con mayor dinamismo económico de España.