El impuesto de basuras aprobado por el gobierno de España ha desatado una gran controversia. Apenas han pasado unas semanas desde su aprobación y ya se han escuchado las primeras críticas. Muchos vecinos consideran que esta nueva tasa implica un incremento en sus gastos domésticos, una carga que no todos los hogares están en condiciones de soportar.

El efecto del nuevo impuesto ya se deja notar en los recibos que han comenzado a llegar a miles de viviendas. Este hecho ha motivado el rechazo de ciudadanos que ya venían mostrando disconformidad con otras medidas recientes. En consecuencia, se han buscado formas de hacer frente a la Ley 7/2022, que recoge esta obligación. Si bien está alineada con los objetivos de sostenibilidad, la norma no ha sido bien acogida por muchos.

¿Cómo se organiza la nueva tasa de basuras en España?

Antes de profundizar en la recogida de firma impulsada por parte de los ciudadanos, es importante comprender que la aplicación del impuesto no será uniforme. Cada ayuntamiento tendrá autonomía para definir cómo aplicar esta tasa y qué cantidad se abonará, según las particularidades del municipio y sus habitantes.

El cálculo del importe tendrá en cuenta factores como el valor catastral del inmueble, el consumo de agua y el número de personas empadronadas. Por tanto, los pagos serán distintos entre ciudades como Madrid o Sevilla y municipios más pequeños como Teruel. Este modelo se considera más justo por quienes defienden la ley, ya que garantiza que en zonas con menor densidad de población se pague menos.

La media que ya se está cobrando en los municipios que han comenzado a aplicar esta medida se sitúa en torno a los 80€ al año. Aunque no parece un monto alto si se piensa en el beneficio medioambiental y en el futuro del planeta, muchos ciudadanos consideran que es un gasto que no pueden permitirse sin que afecte su economía mensual.

¿A quién afecta la nueva tasa de basuras aplicada en España?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la persona obligada al pago será aquella que reside en el inmueble y hace uso del servicio, no necesariamente el propietario. De esta forma, será el inquilino quien deberá pagar este nuevo cargo, como responsable del uso y generación de residuos en el hogar.

Este planteamiento ha provocado debates entre quienes alquilan y quienes poseen propiedades. Algunos defienden que el impuesto debe recaer sobre quien vive en la vivienda, mientras que otros consideran que los propietarios deberían asumir esa responsabilidad. Esta discusión ha alimentado el desacuerdo, generando posiciones enfrentadas en distintos sectores de la sociedad.

La campaña, que gira en torno al lema “quien contamina, paga”, pretende concienciar a la población sobre la urgencia de cambiar nuestros hábitos. Aunque se han impulsado muchas iniciativas para cuidar el medioambiente, es cuando hay implicación económica cuando se percibe un verdadero impacto y una reacción colectiva.

¿En qué consiste la recogida de firma contra la tasa de basuras?

Como ha sucedido con otras decisiones impopulares, cuando una norma se percibe como injusta, la ciudadanía se une para intentar frenarla. Aunque no siempre se consigue el objetivo final, estas acciones refuerzan la solidaridad y muestran que todavía existe una voluntad de colaboración en defensa del bien común.

En Madrid, donde los primeros recibos están previstos para julio de 2025, la recogida de firma se ha puesto en marcha a través de Charge.org. Este movimiento busca visibilizar las desigualdades entre municipios y presionar a las autoridades para que se revise la aplicación de la medida. Para muchos, es necesario exigir soluciones más equitativas y coherentes con la realidad de cada familia.

Por el momento, algunas ciudades como Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria o Málaga no se han visto afectadas por la nueva tasa. Aunque esta situación puede cambiar, hoy en día estos municipios están fuera de la normativa. Esto evidencia que el impuesto no se ha implantado de manera uniforme y que aún hay margen para el debate ciudadano.