El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto ley de respuesta a la guerra arancelaria con el apoyo de Junts y el resto de socios de investidura, a excepción de Podemos que se ha abstenido, y con el rechazo de PP y VOX.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el encargado de defender el plan de respuesta y relanzamiento comercial diseñado para mitigar el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses, un plan “necesario” y “en construcción” que responde a las necesidades de las empresas y se adapta a un entorno “de incertidumbre”.

El real decreto ley, que incluye un plan de apoyo financiero de más de 14.000 millones de euros, ha sido convalidado con una mayoría de 176 votos a favor (los de los socios parlamentarios del Gobierno, a excepción de Podemos), 169 en contra (PP y Vox) y cuatro abstenciones (Podemos).

El real decreto-ley que ha convalidado hoy el Congreso supone, según el ministro, una primera capa de este plan, “un punto de partida que es necesario y que se irá adaptando y complementando, en un entorno cambiante de enorme incertidumbre”.

En concreto, se irá complementando, por ejemplo, con actuaciones que van pidiendo las empresas y organizaciones al Gobierno en el marco del diálogo, en los cinco grupos de trabajo que se han creado –de bienes agroalimentarios, bienes de consumo, bienes de equipo y material eléctrico, productos industriales y también química y medicamentos–.

LAS MEDIDAS
Las medidas del plan son las siguientes:

Dos líneas de avales y financiación intermediada del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotadas con 6.000 millones de euros, para facilitar a las empresas afectadas el acceso a financiación y satisfacer sus necesidades de circulante.

Un fondo de 200 millones de euros de apoyo a la inversión industrial productiva, para dar préstamos y participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas.

Ejecución del nuevo plan MOVES, dotado con 400 millones de euros, para incentivar la compra de vehículos eléctricos.

Activación del mecanismo RED, que subvenciona los expedientes temporales de empleo (ERTE) para que las empresas “más golpeadas” mantengan sus plantillas hasta que su actividad se recupere. Se dará seguimiento en el diálogo social con patronal y sindicatos a las necesidades de los colectivos afectados.

Recanalización de 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación para que aquellas industrias y empresas afectadas puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda.

2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación para que las empresas exportadoras encuentren nuevos mercados.

Otros 500 millones para la internacionalización de pymes.

Plan específico del ICEX que ayudará a los sectores afectados a afianzar su posición en Estados Unidos y acceder a nuevos mercados.

Dicho decreto-ley se publicó el 9 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el texto se incluyó la garantía de que la puesta a disposición de los fondos previstos para las empresas afectadas “se efectuará con respeto al equilibrio territorial”.

EL PP CRITICA EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE CUERPO
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado las negociaciones con el Gobierno para sacar adelante este real decreto-ley. “Si usted no quiere aceptar nuestras propuestas, no somos nosotros los que rompemos las negociaciones, son ustedes los que no quieren que estemos en las negociaciones”, ha señalado.

Bravo ha criticado que, contra lo que le han trasladado las empresas, el Gobierno ofrece en su plan “más deuda, más préstamos y avales para endeudarse”. Por ello, para el PP, su voto hoy es “irrelevante” porque el Real Decreto-Ley “no repara, no apoya y no impulsa”.