Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, cuestiona la imparcialidad del juez del “caso Voloh”, que investiga la “trama rusa” del “procés”, y le ha instado a apartarse de la instrucción.

En el incidente de recusación que ha planteado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, la defensa de Alay sostiene su “pérdida absoluta de imparcialidad” en sus declaraciones durante una entrevista concedida el pasado martes a un canal de la televisión pública alemana. En esa intervención, el juez Joaquín Aguirre afirmó respecto al procedimiento, según denuncia el abogado Gonzalo Boye, que lo que se investiga es “la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Cataluña, apoyando el proceso de independencia, con la finalidad de que Rusia desestabilizara, primero, la democracia española y abriendo la puerta trasera a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental”.

Para el letrado, “la falta de imparcialidad” de Aguirre es evidente” al conceder una entrevista “sobre un caso que está instruyendo” y hablar sobre “su tesis persecutoria, que no investigadora”, por lo que “debe ser apartado”.

La defensa de Alay también se refiere a unas supuestas manifestaciones del instructor en una toma de declaración judicial de mayo de 2022 (publicadas por el medio digital elmont.cat) en las que habría asegurado que “Puigdemont se marchó en el maletero de un coche en estado de pánico”. Algo que, según asegura, “le inhabilita” para seguir al frente de la investigación. “Es imposible que siga un minuto más malgastando los recursos públicos en una delirante persecución de marcado carácter prospectivo y clara orientación política”, afirma en su escrito.

Una actuación “esperpéntica”

“En una sociedad democrática sería inasumible pedir que los jueces, al igual que el resto de los ciudadanos, no tengan una opinión política e incluso una ideología concreta”, señala el abogado de Alay. Pero, al mismo tiempo -añade- “en una sociedad democrática lo que se exige de un juez es que la misma no se haga pública sin esperar las consecuencias legales, porque eso afecta a la imagen de imparcialidad”.

Boye considera una “extravagancia” que el magistrado haya intervenido “en el principal noticiario de la televisión pública alemana con el exclusivo fin de generar un relato que le sirva para seguir sosteniendo una delirante versión de algo que jamás ha existido”.

Estamos, dice, ante una actuación “como mínimo y por ahora, calificable de grosera, esperpéntica y poco acorde con la función jurisdiccional”. Según denuncia, ese comportamiento “no solo destruye la apariencia de imparcialidad, sino que resulta perjudicial para la propia función jurisdiccional”.

Boye reclama al instructor que emita una Orden Europea de Investigación para recabar del Canal 1 de la televisión alemana “los originales de la entrevista”, con “indicación expresa” de la fecha en que se grabó, el lugar y “quién participó en dicha grabación”. Además, quiere que se tome declaración al corresponsal de dicho medio en Barcelona.