En la primera entrega dedicada al 11 de septiembre chileno, se abordó cómo Salvador Allende llevó a Chile a la deriva. Su Gobierno fue declarado anticonstitucional y antidemocrático por la Corte Suprema y el Congreso, mientras los chilenos vieron cómo su sueldo se depreciaba por la inflación alcanzada. Asimismo, el desabastecimiento de alimentos y el racionamiento de ellos fue parte de la cotidianeidad. Para 1973 Chile estaba extremadamente polarizado por las narrativas marxistas-leninistas, por lo que la disyuntiva para ese entonces era dar cauce a la dictadura del proletariado o, en su defecto, a un régimen militar.

Finalmente, el 11 de septiembre de 1973 los militares se pronunciaron y derrocaron a Salvador Allende, acción que permitió a Chile liberarse del comunismo. Hay que tener en cuenta que los dilemas de aquel entonces se enmarcan en la Guerra Fría, donde la lucha ideológica se diseminó por todo el mundo.

No obstante, en el presente las izquierdas chilenas han tomado una cómoda posición de víctimas sin realizar mea culpas ni tomar responsabilidades de cómo su sector llevó al país al abismo. De hecho, el Gobierno de Gabriel Boric ha hecho de esta fecha todo un hito, que se traduce en más polarización en el presente.

El mandatario chileno ha invitado a todo el espectro político a firmar el Acuerdo para el «nunca más» este día lunes, sin embargo, las derechas han rechazado firmarlo porque sostienen que es un homenaje a Salvador Allende. Y tienen motivos para sospecharlo, ya que Boric realizará una conmemoración a la que invitó políticos y artistas abiertamente de izquierdas, como la presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo, la argentina Estela Barnes de Carlotto; la secretaria general de la Internacional Socialista, Benedicta Lasi; Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave, quien ha apoyado abiertamente al grupo terrorista Sendero Luminoso; y Mon Laferte, feminista cercana al Frente Amplio chileno.

De hecho, Chile Vamos firmó su propio compromiso con la democracia, la Constitución y las leyes, el respeto a la dignidad humana y sus libertades, entre otros puntos, e invitó al presidente Boric a firmarlo, mientras advirtieron del peligro de instalar una sola verdad desde el Ejecutivo.

Y dado que desde el Gobierno se impulsó una «Comisión Asesora contra la Desinformación» que busca determinar qué es «verdad» y qué es «fake news», y por otro lado, que el oficialismo, en especial desde el Partido Comunista, pidieron la renuncia de Patricio Fernández —quien fue nombrado por Boric para asesorar la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre chileno— solo por decir en una entrevista radial que «Los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio», conviene en esta segunda entrega hablar de la incómoda verdad para las izquierdas del Régimen Militar.

El Régimen Militar

Se ha caricaturizado al Régimen Militar liderado por Augusto Pinochet como un Gobierno que propició exclusivamente la violación de los derechos humanos, luego que instaló un neoliberalismo que profundizó las desigualdades de los chilenos, y que todos los malestares actuales se deben a este periodo. De hecho, las revueltas de octubre de 2019 sostuvieron esta hipótesis y han tratado de desplazar la Constitución de 1980 con los procesos constitucionales. Sin embargo, todas las críticas de las izquierdas en el presente son tendenciosas o fungen como discursos que desinforman a las nuevas generaciones.

En primer lugar, por honestidad intelectual y por el respeto a la historia, efectivamente hubo violación a los derechos humanos. Sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos por todos los sectores políticos del país, incluyendo a las derechas, en poder aclarar estos hechos y alcanzar la reconciliación. Sin embargo, el Gobierno Militar está lejos de lo sanguinario que fueron los regímenes totalitaristas de Mao Tse-Tung (se le atribuyen 78 millones de asesinatos); de Josef Stalin (quien es responsable de 23 millones de muertes); y de Adolf Hitler (responsable de 17 millones de muertes). Es más, Augusto Pinochet ni siquiera aparece dentro de los diez primeros regímenes del mundo con más muertes.

Por otro lado, desde el mismo año 1973, el Régimen Militar entendía que se debía reconstruir una institucionalidad colapsada, por lo que se fijó una ruta para ello. Por este motivo, se convocó a abogados constitucionalistas para que presentaran a la Junta Militar un proyecto constitucional que permitiera a Chile subirse al camino del desarrollo.

La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile, mejor conocida como Comisión Ortuzar, estuvo encargada de esta labor. Sesionó entre el 24 de septiembre de 1973 y el 5 de octubre de 1978, es decir, trabajó durante cinco años un texto que, efectivamente, le permitió a Chile avanzar en el desarrollo.

En su primera sesión, se fijó que «El establecimiento de un precepto constitucional, similar al contemplado en la Carta de Alemania Federal, que declare contrarios a la Constitución a los Partidos o movimientos que sustenten Ideas o doctrinas marxistas«, la importancia de la segunda vuelta presidencial, el derecho a la propiedad privada como fuente de las libertades públicas, entre otros aspectos.

Finalmente, el texto constitucional presentado y promulgado en 1980 estableció que las personas son libres e iguales en dignidad y derechos; que se defiende la vida del que está por nacer hasta la muerte natural; la familia es el núcleo fundamental de la sociedad; y es el Estado el que está al servicio de la persona humana y no al revés. Asimismo, se estableció el derecho de propiedad y el principio de libertad personal y económica. De igual forma, se estableció la importancia de la subsidiariedad —concepto que no aparece explícitamente en el texto— la que dialogó con el plan económico conocido como «El Ladrillo», un aporte de chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago, conocidos como «Chicago Boys», que permitieron establecer las bases del progreso económico.

En consecuencia, se impulsó una política fiscal ordenada: el gasto fiscal como porcentaje del PIB pasó de 32,7% en el año 1985 a 22,4% en 1990; tras la crisis inflacionaria de 1982, se realizó una reforma tributaria en 1984 que puso el foco en incentivar el ahorro privado y la inversión, y se abrió la economía y el comercio. La inflación en 1973 bordeaba el 1000% anual, y al momento de que Augusto Pinochet entregó el poder tras el plebiscito de 1989 que preguntó a la ciudadanía si quería continuar en un gobierno militar o quería elecciones presidenciales, la inflación en era del 27% (correspondiente al año 1990). Igualmente, se estableció la autonomía del Banco Central.

Este panorama económico se tradujo en una mejor calidad de vida de los chilenos. En la década de los setenta, la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año era de 63,4%, y en los noventas bajó a 12,9%. Hoy está en torno al 6,5%. Asimismo, la desnutrición infantil para los setenta era del 19% en niños menores de seis años mientras que en la actualidad es del 2,6%.

El acceso al agua potable es una realidad para los chilenos, independiente de si viven en zonas urbanas o rurales. Se superó el analfabetismo, y hoy vemos que ingresar a la universidad es posible en todos los sectores socioeconómicos. Según la encuesta Casen, corregida a la metodología actual, en 1990 el 68,5% estaba en situación de pobreza, pero para el 2017 solo el 8,6% estaba en esa situación. No obstante, hubo un retroceso ya que para el 2020 aumentó al 10,8% debido a la crisis institucional y económica que el país ha enfrentado explícitamente desde las revueltas de octubre de 2019 y las restrictivas medidas que se impusieron en la pandemia.

Boric y el 11 de septiembre

En suma, todas las bases del progreso y el desarrollo de Chile se asentaron en el Régimen Militar, y esto se ha traducido en mejor calidad de vida, acceso a bienes y servicios, y altos índices de libertad. Y esta es la incómoda verdad que a la extrema izquierda no le conviene aceptar. Sin embargo, todo lo construido desde esta época se ha visto fuertemente amenazado por políticas estatistas, como la amenaza de las reformas tributaria y previsional que ha tratado de empujar el Gobierno de Boric.

Asimismo, las izquierdas no han cesado de instalar discursos que dividen a los chilenos, homenajeando a Salvador Allende en la víspera del 11 de septiembre.

De hecho, el domingo 10 de septiembre, el presidente Gabriel Boric se unió a la marcha convocada por la extrema izquierda para conmemorar los cincuenta años del 11 de septiembre, marcha capturada por la violencia y el vandalismo.

Sin embargo, inmediatamente los insurrectos lograron entrar al frontis del palacio presidencial, tras enfrentarse con bombas molotov a Carabineros, quebrando seis ventanales de La Moneda. Y en el Cementerio General vandalizaron y quemaron tumbas como la de Jaime Guzmán, uno de los redactores de la Constitución de 1980 y posteriormente senador, asesinado por el grupo terrorista Frente «Patriótico» Manuel Rodríguez en 1991.

Si bien, y lamentablemente, es usual que cada víspera del 11 de septiembre los vándalos de la extrema izquierda muestren su real cara a través de la violencia, por primera vez un presidente se ha sumado a una marcha exponiendo el palacio presidencial. El mismo presidente que insistió a las derechas firmar su Acuerdo en el que sostenía «más democracia», que en clave post-marxista implica radicalizar la democracia, es decir, subvertirla desde los marcos institucionales.

No obstante, los chilenos se han pronunciado categóricamente contra las ideas divisorias de la extrema izquierda. Así lo evidenció el rechazo a la propuesta de nueva Constitución el 4 de septiembre del 2022. Incluso, no comparten el diagnóstico de La Moneda sobre el 11 de septiembre. Según la encuesta de Pulso Ciudadano, se impone la percepción en la ciudadanía de que Salvador Allende tiene más responsabilidad en «el Golpe de Estado» que Augusto Pinochet.

En definitiva, el 11 de septiembre continúa siendo un clivaje irreconciliable para los chilenos. Sin embargo, desde el oficialismo se han encargado de profundizarlo al tratar de hacer de esta fecha todo un hito de lucha, e instalar una verdad oficial sesgada. Esa apuesta no contribuye a la sana convivencia democrática, que finalmente nos aleja y divide en la diferencia.