La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José Luis Calama que impute a José Luis Rodríguez Zapatero por un nuevo delito de malversación que habría cometido según su propia versión, por las joyas que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, cuando era jefe del Ejecutivo.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa «estratégica» para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

En el escrito en el que Zapatero informó de esta circunstancia al magistrado, aseveraba que, en su momento, aceptó el regalo por «deferencia» con la monarquía saudí y que, una vez que se ha visto implicado en el proceso judicial, ha enviado dos cartas a la Monarquía de Arabia Saudí con el objetivo de que corroboraran su historia. Zapatero aseguró esta circunstancia dando por hecho que el delito de contrabando quedaría archivado al haber recibido las joyas en La Moncloa por parte del monarca saudí, y que el de malversación estaría prescrito al haber recibido en 2007 las joyas.

Sin embargo, según el planteamiento de la Fiscalía Anticorrupción, el delito de malversación grave —que sería el cometido por Zapatero dado el elevado valor de las joyas— tiene una prescripción de 15 años. Además, Anticorrupción defiende que este delito se habría cometido no el día en que recibió las joyas, sino en el que dejó la Presidencia del Gobierno, es decir, en febrero de 2012. Estos hechos prescribirían, pues, en febrero de 2027. «En el caso que nos ocupa, la comisión dolosa del delito de malversación emerge de la consciente actuación desviada de la obligación normativa que le impelía a entregar las valiosas joyas recibidas a Patrimonio del Estado, consumándose la sustracción con el acto de disposición de los caudales públicos», recalca.

En el escrito de la Fiscalía, Anticorrupción destaca que, según su propia versión, estaría admitiendo la comisión de un delito de malversación al no haber declarado a Patrimonio Nacional la obtención del regalo por parte del monarca saudí.

«A través de su escrito el investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia», recalca el escrito antes de apostillar que «de esta forma y de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido por Rodríguez Zapatero».

«Por lo expuesto, el Fiscal considera que, sin perjuicio de otras consideraciones fácticas que puedan resultar de la instrucción, procede dirigir la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero también por la comisión de un delito de malversación del artículo 432 del Código Penal, requiriendo a la Dirección General de Patrimonio del Estado copia certificada del Acta de recepción en el Patrimonio de la Administración General del Estado y de afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011».

Este es el motivo por el cual el magistrado instructor ha dado parte a Patrimonio del Estado para que le remita un acta con el listado de todos los regalos que Presidencia del Gobierno declaró durante las dos legislaturas en las que Zapatero estuvo al frente de La Moncloa. Es decir, el juez ha pedido esta información con el objetivo de comprobar que las joyas en ningún momento fueron declaradas a Patrimonio, con lo que se estaría abriendo a imputarle a Zapatero este nuevo delito de malversación en la pieza separada que mantiene abierta por las joyas. En esta, ya le acusa de un presunto delito de contrabando.