Tras la exhumación en el del Valle de los Caídos de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, queda pendiente la del general José Moscardó, que permanece enterrado en el Alcázar de Toledo.

En concreto, Moscardó está enterrado en la cripta junto a otros militares y civiles que junto a ellos defendieron el Alcázar durante el asedio que se llevó a cabo del 21 de julio al 27 de septiembre de 1936, un espacio que es únicamente visitable por sus familiares con autorización previa.

Su exhumación sigue pendiente en aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el pasado mes de octubre, que prevé el traslado de restos mortales de dirigentes del “golpe militar de 1936 que ocupen un lugar; preeminente de acceso público distinto a un cementerio”, con el fin de evitar actos de enaltecimiento.

Bajo la misma premisa, el 3 de noviembre fueron exhumados los restos mortales del general franquista Gonzalo Queipo de Llano y de su esposa Genoveva Martí de la basílica de la Macarena de Sevilla.

En el caso de Primo de Rivera su exhumación se hizo a petición de los familiares en cumplimiento también de la nueva Ley de Memoria, que señala que en el Valle de los Caídos (rebautizado como Valle de Cuelgamuros) “solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra” Civil y obliga a reubicar “cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”.

Este era el caso de José Antonio Primo de Rivera, cuyo cuerpo fue junto con el de Francisco Franco el único que se enterró en una tumba individual en el Valle.

Por su parte, la exhumación de Franco tuvo lugar en 2019 por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y con el aval del Tribunal Supremo, sin tener nada que ver en este caso la nueva Ley de Memoria, que fue aprobada años después.

Piden la exhumación de Moscardó

Entre tanto, la Plataforma Unitaria de Castilla-La Mancha por la III República ha solicitado que sean exhumados del Álcázar de Toledo los restos mortales ubicados en la cripta del este edificio público de José Moscardó.

En la carta enviada al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, la plataforma pide –alegando a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que la cripta sea resignificada y se convierta en un centro de interpretación de Memoria Democrática.

Además, insta a que la Hermandad de Ntra. Sra. Sta. María del Alcázar sea “ilegalizada” por contener “expresamente” en sus estatutos como finalidad “la exaltación y enaltecimiento de golpistas y otros menesteres antidemocráticos”.

Asimismo, pide que la Virgen del Alcázar recupere su nombre y su culto original, (Virgen de la Inmaculada), “no sirviendo esta imagen religiosa nunca más para realizar actos de exaltación fascista como procesiones y otros”.

Entre sus peticiones también se encuentran, retirar todos los honores, condecoraciones, títulos y otras distinciones que se concedieron durante el franquismo; no subvencionar actos antidemocráticos relacionados con el enaltecimiento de la dictadura en el Alcázar de Toledo, ni permitir peregrinaciones, reuniones, congresos o simposios en los que se exalte la dictadura franquista o el período bélico.

Finalmente, la Plataforma Unitaria de Castilla-La Mancha por la III República solicita al secretario de Estado que los hechos acontecidos en Alcázar de Toledo desde el 21 de julio de 1936 al 27 de septiembre del mismo año y los sucesos posteriores, dejen de formar parte del imaginario colectivo y sean relatados con veracidad.