Por Corina Cortes Oliveros (R).- Durante las últimas semanas hemos visto como en diferentes ciudades de España se han presentado manifestaciones violentas en contra de las medidas de confinamiento. Esto también ha servido para seguir dejando entrever fenómenos socio políticos gestándose en el país, algo que no se puede perder de vista.

De acuerdo con lo reseñado por los periódicos locales, los actos de violencia se han extendido en varias de las comunidades generando altercados entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad.

Los altercados han dejado al menos 53 detenidos en todo el país. El conteo inició con 33 en Madrid, 7 en Logroño, 5 en Santander, 4 en Igualada, 4 en Bilbao, un detenido en Málaga y otro en Ibiza. Doce agentes han resultado heridos.

Sin embargo, lo que vale la pena es valorar por qué se han dado esta serie de manifestaciones y la razón de la escalada de violencia. De acuerdo con lo argumentado, las matrices de opinión van por el hecho de que “el pueblo está cansado”.

A su vez, entre los temas planteados se encuentran los desahucios y desalojos de ciertos sectores especialmente familias con menores de edad. La expresión exacta es que se ha tratado de una “guerra contra los pobres” y las manifestaciones llegaron a subir de nivel hasta llegar a barricadas, incendios, cierre de calles y agresiones hacia policías.

Todo este escenario ha servido para que los factores de poder en España lo utilicen de herramienta y excusa para lanzarse mutuas acusaciones, a pocas semanas de la fallida moción de censura introducida por Vox que no contó con el apoyo de ninguno de los partidos, ni siquiera los de oposición.

Según miembros del partido Podemos y algunos periodistas de opinión, los manifestantes se encuentran apoyados por Vox basándose en dos argumentos por más de superficiales, sin sustento alguno, solo basado en pura especulación.

Lo que han esgrimido las coaliciones más moderadas es que Vox «es el único partido que ha votado contra del estado de alarma, considera el toque de queda inconstitucional y lo tacha de imposición totalitaria. Por otro, es un partido de orden que respalda siempre la actuación policial”.

Ahora bien, cabe destacar que esto no es el del todo cierto ya que en numerosas comunidades autónomas quienes se han manifestado en contra del estado de alarma han sido los señalados de negacionistas. Es decir, grupos que no solo desconocen la letalidad del virus, sino que defienden el punto de vista de que el uso de la mascarilla lejos de ser beneficioso genera mayor riesgo de contraer otras enfermedades.

También numerosos miembros del colegio de abogados denunciaban que existían lagunas jurídicas y errores de interpretación en cuanto al estado de alarma, ya que hay elementos como el confinamiento perimetral o el cierre de negocios que se extendían de los límites de la autoridad en la alarma, para acercase más a un estado de excepción donde se vulneraban ciertas garantías fundamentales.

Esto ha colocado al Gobierno de España y a las autoridades de las comunidades autónomas en una disyuntiva, porque no se trata solo de la prohibición de movilización, sino también la prohibición de reuniones. Esa situación genera cada vez mayor malestar y precisamente podría ser esta la razón de que las manifestaciones adquieran matices de violencia.

Sin embargo, el Gobierno se defiende y de acuerdo con la Comunidad de Madrid se resalta que “el derecho a la salud incluye la lucha por una mejora de la calidad de la vida». Por lo tanto, lo argumentado con anterioridad sería una razón más que válida para prohibir el acudir a manifestaciones o concentraciones específicas. Aun así, esto no ha impedido que se llevaran a cabo aglomeraciones en calle o encuentros clandestinos, como bien ha reseñado la prensa local.

Pero volviendo al punto de las mutuas acusaciones. Mientras que el Gobierno de España, bajo el mando de Pedro Sánchez, apoya las declaraciones de representantes de Podemos, argumentando que Vox ha apoyado las manifestaciones, esta organización política presidida por Santiago Abascal ha declarado para la prensa nacional que a quienes tachan de negacionistas, no lo son.

“Los llaman negacionistas. Son trabajadores en el paro, padres sin nómina para alimentar a sus hijos, autónomos que no tienen trabajo y que hoy han visto su cuota aumentada. Españoles corrientes de Barcelona, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria” explicó Ignacio Garriga a El País, el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat catalana.

Aquí es donde el escenario se vuelve interesante. Las protestas también ha servido para mostrar grandes debilidades de la gestión gubernamental no solo en cuanto a la pandemia, sino en cuanto a numerosas promesas y compromisos que se habían hecho posterior a las elecciones.

Entre ellas estaba el tema de la protección habitacional, así como el tópico de la inyección de ayudas a las economías pequeñas, mejor calidad sanitaria y el ingreso mínimo vital.

No ha sido solo la confrontación entre Podemos y Vox, las manifestaciones también han generado crispaciones y desencuentros entre Vox y Ciudadanos, porque las declaraciones de Garriga han sido consideradas como una justificación a los actos vandálicos o que han incluido a autónomos y empresarios.

Así, la prensa española reseñaba declaraciones del líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, donde alertaba del enorme peligro de incluir a todos en un mismo saco, pues a su juicio “los autónomos no destrozan ni saquean los negocios de sus compañeros. Tampoco queman contenedores ni agreden a la policía”.

La otra cara de las manifestaciones

Otra de las caras que han mostrado estas manifestaciones han sido la presencia de menores y de inmigrantes ilegales. En el caso de Barcelona, dos adolescentes de quince años fueron detenidos, mientras que en Madrid fueron ocho, de los cuales seis han sido dejados en libertad sin cargos. Dos de los jóvenes han sido remitidos a la Fiscalía de menores.

A su vez, varias denuncias de presencia de inmigrantes ilegales generando protestas han alertado acerca de si acaso se está realizando una labor real de control en puntos fronterizos. De acuerdo con informes, no solo los detenidos, sino varios de los manifestantes contaban con antecedentes policiales.

Entonces, si realmente existen estas mutuas acusaciones entre las facciones políticas de España queda preguntarse: ¿Quiénes se encuentran detrás de estas manifestaciones? ¿Quiénes están permitiendo la reunión donde existe la presencia de menores de edad y quienes son estos inmigrantes ilegales que, a sabiendas de que su estatus legal se encuentra en riesgo, son capaces de estar en el centro del conflicto? ¿Tiene el Estado español la capacidad de aplicar algún plan de recuperación para el tema de las pérdidas a nivel de infraestructura y mobiliario?

A ciencia cierta no se ha visto que haya respuesta oportuna estos planteamientos. Por otra parte, mientras no se logre dar con la raíz del problema, estas protestas dejarán más pérdidas sumadas a las de 300 000 euros que ya se calculan en un momento más que complicado para el país. Si bien en los últimos días no se ha presentado ninguna eventualidad, lo cierto es que esto solo pueda ser el comienzo.

*Corina Cortes Oliveros es abogado con estudios en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.