Olga Matute

LV.- El 5 de septiembre se suicidó en Cataluña una mujer llamada Olga Matute, vecina de Hospitalet. Tenía 54 años, era madre de dos hijas, una de ellas menor de edad, y estaba divorciada. Su historia es muy dolorosa. Hace veinte años, estando casada, se había comprado un piso en su ciudad. Al separarse, su marido dejó de pasar la paga que le correspondía y ella se vio incapaz de afrontar la hipoteca. Olga llegó a un acuerdo con el banco para permanecer como inquilina en lo que había sido su piso. Pero con unos ingresos de unos 600 euros al mes se vio incapaz de pagar el alquiler.

El 15 de abril fue desahuciada. Cinco meses después se quitó la vida. Era militante de un sindicato de la vivienda y su drama había llegado incluso al Parlamento Catalán, donde expuso su situación en toda su crudeza y confesó que sopesaba el suicidio.

No hubo acampada reivindicativa con Almodóvar en la Plaza de San Jaime de Barcelona para defender a Olga, o reivindicar su memoria. No se culpó a Illa ni al alcalde del PSC, como se ha hecho con Ayuso y Almeida. La muerte de Olga se contó con algún suelto en la prensa, sin más. Nula conmoción social. Sánchez, el del teatro desgarrado en un mitin a cuenta de la pobre Mari Carmen, pasó olímpicamente de Olga, no fuese a ser que el caso tiznase a Illa. Por supuesto tampoco hubo señalamiento al banco catalán que traspasó el piso a un fondo.

Cansina demagogia. Agotador populismo populachero. ¿La verdad? Sánchez y sus socios comunistas de coalición no han hecho nada para solucionar el complicadísimo problema de la vivienda. De hecho, lo han agravado. Las presentaciones de Sánchez prometiendo pisos sin cuento son inversamente proporcionales a los que ha construido. Desde que gobierna el presidente del «escudo social» se han registrado en España 265.000 desahucios. ¿Reacción práctica del gobierno «progresista»? Ninguna. No ha habido movilización gubernamental hasta que la escandalosa degradación en Ceuta y la creciente bola de mugre de la trama de Leire comenzaron a asfixiar al presidente.

España, con sus fronteras casi abiertas de par en par, ha recibido en el último lustro 2,5 millones de extranjeros (cuatro millones en la última década). Toda esa gente tiene que vivir en algún sitio. La demanda se ha disparado y la oferta se ha quedado muy corta. El Banco de España calcula que hoy en España falta un millón de viviendas.

¿Qué habría que hacer? Liberalizar suelo a saco. Aligerar trabas administrativas y cargas fiscales. Dar alas a los constructores, y formación profesional para que puedan contar con plantillas cualificadas, pues sufren severas carencias de mano de obra. Por supuesto urge lanzar un ambicioso plan estatal de vivienda social, como se hizo en la etapa de Franco (espero que no me multen en aplicación de las leyes sectarias de Memoria). Por último, hace falta seguridad jurídica, para que propietarios, compradores e inquilinos sientan que se mueven en un marco seguro, no al albur de las ocurrencias del comunismo populista y populachero y de las urgencias de Sánchez por encontrar cortinas de humo.

¿Y qué ha hecho el Gobierno? Poner en la diana a los constructores y las inmobiliarias como unos depredadores desalmados. Añadir trabas burocráticas sin cuento y losas fiscales. Intervenir el mercado una y otra vez (zonas tensionadas, trabas a los caseros, vetos a las viviendas turísticas, que han rehabilitado centenares de edificios en semi abandono…). Hoy un gran plan estatal de vivienda social resulta imposible, porque la verdad es que el Gobierno central se ha quedado en una especie de instituto de buenos consejos y todo el poder real está en las taifas autonómicas.

¿Qué se ha conseguido con tan maravilloso cóctel «social»? Pues hacer daño a la gente de carne y hueso. Se ha agobiado a los posibles arrendadores y promotores y la oferta ha mermado, precisamente cuanto más aumenta la demanda por el coladero migratorio.

Ayer nos ofrecieron desde la Moncloa un circo de dos gobiernos, cada uno con su plan de vivienda y su sarao de presentación. Más gas. Todo indica que ninguno de los dos decretos obtendrá apoyo parlamentario, porque el sanchismo está en liquidación por derribo. Los decretos llegan aromatizados además por un desagradable olor a comunismo. Si hasta 2030 no se puede desahuciar a quien se declare «vulnerable» y deje de pagar, en la práctica pasará a ser legal toda okupación; e incluso muy honorable.

En 1750 a.C., el rey babilónico Hammurabi escribió el código que lleva su nombre, conservado en un monolito de basalto en el Louvre. Es el texto jurídico más antiguo y allí ya se hablaba de propiedad. Pero hoy, 3.700 años después, los sagaces campistas de Sol, los brillantes estadistas de Sumar y la ministra de Vivienda, cráneo privilegiado que no entiende su propio decreto («uy, qué cacao»), le han dado la vuelta al concepto de propiedad. Adiós al principio que defendieron y consagraron Aristóteles, Cicerón, Locke, la Declaración de Independencia de EE. UU. y la Carta Universal de Derechos Humanos. En la nueva URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Sanchistas) la propiedad ha de quedar en suspenso si median motivos sentimentales, excepto si el dueño es algún jerarca de la izquierda caviar. Los derechos del propietario pasan a ser secundarios, o directamente execrables, porque somos socialistas y el que posee algo debe ser siempre un sospechoso.

Empieza a dar ganas de mudarse a Laponia… O más lejos.