Ramón Pérez-Maura.- Me deja sin palabras la poca trascendencia que se da al delito perpetrado por el gobierno tras el Consejo de Ministros del pasado martes. Después del Consejo se nos contó, en una rueda de prensa patética –en realidad en dos en un caso sin precedente en la historia de la gobernanza universal– que se habían aprobado dos decretos contradictorios. Pero la ministra de Vivienda, en un ridículo sin igual, no tenía el texto de lo aprobado. ¿Por qué? Porque no lo había. No se había aprobado nada. No tenía «la última versión». Los técnicos estaban intentando hacer encaje de bolillos para ver si lograban cuadrar los dos decretos porque ya sabían que uno solo era imposible.

Así que estamos en el proceso de la comisión de un delito flagrante por parte del Gobierno del Reino de España. Los socios cuyo voto es imprescindible para la aprobación de los decretos, se fueron a dormir el martes sin el texto de lo que debían aprobar. Y en el BOE de ayer miércoles sólo aparecía uno de los dos decretos. Es decir, el otro se ha estado cuadrando a lo largo del día de ayer. Lo que demuestra indiscutiblemente que se va a someter el decreto a las Cortes –o más bien los dos decretos– sin haber sido aprobados en Consejo de Ministros. ¿Quién da más?

Yo creo que la evidencia de mi denuncia es de tal calibre que la oposición, PP y Vox, deberían negarse a votar en la sesión de mañana. No deberían ni asistir porque eso es participar en la farsa legitimadora que intenta hacer Sánchez del decreto. Sí, ya sé que la ausencia de estos partidos llevaría a aprobar los dos decretos, incluyendo el de las medidas más radicales que promueve Sumar. Pues que se enfrenten ellos a desfacer ese entuerto porque tienen medidas contradictorias.

Como me dice un buen amigo, letrado de las Cortes, se debería impugnar ese decreto ante el Tribunal Constitucional, pero dada la conducta de Cándido Conde-Pumpido que ya conocemos, no sé si merece la pena hacer una gestión que avalaría esta violación flagrante de la Carta Magna. Y después estaría la opción de proceder legalmente, una querella, contra el presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia, el ínclito Bolaños, quien, como secretario del Consejo de Ministros habría usurpado las funciones de ese Consejo, sometiendo a la firma del Rey y refrendándola un decreto ley no aprobado en el Consejo de Ministros. Una actuación perfectamente delincuencial. Porque ahí arranca otro problema. Se va a poner a la firma del Rey uno o dos reales decretos que todos sabemos que no han sido aprobados en el Consejo de Ministros. Y el Rey tiene un derecho de examen de esos decretos que tampoco se le va a reconocer.

Yo no sé qué más puede ocurrir en este país sin que nos llevemos las manos a la cabeza. Mañana vamos a vivir otra violación de la Constitución en las Cortes. La gravedad penal e institucional de lo que va a suceder allí es inmensa. Sólo puedo reiterarme en que en mi modesta opinión lo único que pueden hacer PP y Vox es coordinarse y no comparecer en la sesión. Tener media cámara vacía en la votación de los decretos será una muestra incuestionable de la degradación de nuestra democracia provocada por los gobiernos de Sánchez.