El ministro de Sanidad, Salvador Illa

Afectados directamente por el coronavirus y familiares de fallecidos por esta causa comienzan a organizarse para exigir responsabilidades ante lo que consideran una mala gestión y coordinación desde el Ministerio de Sanidad que ha derivado en que el número de afectados sea “muy superior” al que se hubise podido tener de “de haberse adoptado en su momento las medidas profilácticas de prevención y de información a la opinión pública” . Este es el motivo central por el que la Plataforma de Afectados por el Coronavirus demandará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al Ministerio de Sanidad por entender que se han incurrido en una responsabildad patrimonial del Estado.

La demanda será presentada por el abogado Javier de la Peña, director del despacho Lex Abogacía, una vez se levante el estado de alarma y los tribunales recuperen su ritmo de trabajo habitual. En este sendido, De la Peña manifiestó que la demanda sostendrá, como eje central, la existencia de esa responsabilidad del Estado “derivada de una gestión y coordinación negligente por parte de Sanidad”. Y ello, sostiene, porque disponía de datos desde hace meses, especialmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a las que no atendió, “y que hubiesen podido evitar muchos miles de afectados”.

En estos momentos, según señala, la Platataforma cuenta ya con más de un centenar afectados respecto a los cuales se están recopilando todos los informes médicos necesarios y docmentación que acredite que falleció o está afectado por coronavirus, que prueben hay una afectación real por el virus y que se pueda vincular con la gestión y falta de coordinación desde Sanidad.

A todo ello, añade De la Paña, la demanda incluirá recogerá igualmente que la gestión del Departamento que dirige Salvador Illa, una vez desatada la pandemia ha continuado siendo “ineficaz, como lo muestra una primera compra de test defectuosos, la posterior adquisicion al mismo distribuidor de nuevas remesas de test inútiles o de escasa utilidad, la excesiva burocracia en la toma de decisiones que bloquea la llegada de material sanitaria y la falta de protocolos de respuestas unificados entre comunidades”. De esta forma, afirma, “lo que se sigue haciendo a día de hoy sigue siendo reclamable jurídicamente”.

Junto a ello, sostiene que hay otros multiples afectados por coronavirus cuyos casos tendrían que ser analizados también por los tribunales, como la pérdida de cadáveres, “tal como sucedió con el de un hombre que permació 12 días sin que se localizara su cuerpor”, o los “velatorios improvisados” en los domicilios de los propios fallecidos.